Consejo de Estado negó nulidad de norma que reguló funcionamiento del Incoder

El Consejo de Estado rechazó la demanda de nulidad interpuesta en contra del Decreto 3362 del 2007 con el cual se dictaron las disposiciones transitorias para el funcionamiento del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)

En la decisión se respaldó la continuidad de los servicios asignados al Instituto al considerar que no se podía interrumpir injustificadamente las labores de la entidad, ni impedir que los empleados cesaran el cumplimiento de sus funciones.

En la demanda se argumentaba que se habían asignado funciones a la Unidad Nacional de Tierras Rurales mediante un manual que era inaplicable puesto que se le ordenaba al Gobierno reglamentar la estructura interna del Incoder, sus órganos directivos, composición y funciones, y traslada funciones a dicha unidad.

Igualmente se consideró en el denominado Estatuto de Desarrollo Rural el Legislador no se ocupó de un aspecto tan detallado como la determinación de las funciones que debía desarrollar cada una de las dependencias del Incoder, sino que este aspecto fue deferido al Gobierno Nacional.

“La Unidad Nacional de Tierras Rurales no es una dependencia del Incoder como erróneamente lo entiende la demandante, sino que se trata de una entidad independiente, cuya dirección, administración y representación legal está a cargo de un Director Ejecutivo, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República”, precisó uno de los apartes la decisión.