El presidente Gustavo Petro tiene cinco días para disculparse a través de redes sociales por haber tildado de “victimarios” a opositores de su gobierno. La orden la dio el Consejo de Estado, que resolvió una tutela que señalaba que el primer mandatario había vulnerado los derechos a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre y a la protesta.
El caso se remonta a las movilizaciones convocadas por la oposición en noviembre del año pasado. En ese momento, el presidente, el día anterior a la marcha, habló públicamente en evento social en Chimichagua (Cesar) y dijo que “mañana marcharán, convocan los victimarios, los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país, los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas, los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de tierra”.
Lo que dijo quedó graba en un video que fue replicado en la cuenta personal de la red social X (antes Twitter) del presidente. Allí, además, escribió que “pueden marchar porque lo vamos a permitir. Ni una mujer violada, ni un gas lacrimógeno, ningún joven con sus ojos destrozados, ninguna tortura, ni miles de detenidos. Sientan mis queridos y queridas manifestantes que es vivir en democracia”.
La tutela señaló que Petro vulneró sus derechos “al realizar dichas declaraciones, en las que se utilizaron expresiones ofensivas y maliciosas, adjudicándole actividades deshonrosas y afectando su reputación”. También, que “al ser el Presidente de la República, tenía la obligación de ser garante de los derechos fundamentales de cada ciudadano, de acuerdo con lo exigido por la Constitución Política, sin excusarse en la libertad de expresión” y que “las declaraciones del presidente como funcionario público, según la Corte Constitucional, pueden tener mayor impacto en el imaginario colectivo, e incluso en su conducta. Además, pueden producir situaciones discriminatorias, de hostilidad y de violencia contra quienes convocan las marchas al llamarlos «victimarios de campesinos»“.
En su decisión, el Consejo de Estado determinó que el presidente “debido a su calidad de servidor público y de máximo dignatario, sus declaraciones deben ser analizadas con mayor rigor. Esto supone que sus opiniones deben contar con una justificación fáctica mínima, para evitar cualquier forma de estigmatización o discriminación, que pueda afectar los derechos fundamentales de las personas, como sucedió en este caso”. En este caso, dijo el alto tribunal, “todas esas expresiones o calificativos son expresiones vejatorias que, en principio, tienen por único objeto desvalorizar a quienes participarían en la referida marcha”.
El Consejo de Estado resaltó que tildar de “victimarios” a los opositores “adquiere mayor relevancia cuando se emplea en un país como el nuestro, pues en el contexto mismo del conflicto armado, por victimario puede entenderse al autor de toda clase de delitos, incluso de lesa humanidad”. Por esa razón, dice el documento, “calificar a quienes ejercen su derecho a la protesta legítima de la forma en que lo hizo el Presidente de la República, constituye una injerencia que vulnera su derecho fundamental. Estos apelativos no garantizan un escenario idóneo para su ejercicio, debido al alto grado de estigmatización que puede generar, lo cual va más allá de simplemente cuestionar la afinidad política de los convocantes y marchantes”.
Por esa razón, el alto tribunal ordenó al presidente Gustavo Petro que “en un término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, ofrezca disculpas públicas por haber llamado «victimarios», «los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país», «los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas», «los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de tierra», a quienes participaron en las marchas del 24 de noviembre de 2024″.
La decisión agrega que dichas disculpas “deberán publicarse en las cuentas de las redes sociales de la Presidencia de la República, el DAPRE y la cuenta personal de «X» del primer mandatario «@petrogustavo»“.
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