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La Sección Tercera del Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación (Fiscalía General) por los daños causados al almirante retirado Gabriel Ernesto Arango Bacci cuando fue acusado por supuestamente haber omitido controles en el Mar Caribe para que narcotraficantes realizaran envíos de droga a cambio de una millonaria comisión. En su momento, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para investigar la presunta existencia de “falsos testigos” que a cambio de beneficios jurídicos y económicos señalaron al oficial de la Armada de actos ilegales.
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“Se observa que el periodo injusto de detención de Arango Bacci fue entre el 19 de junio de 2008 y el 4 de diciembre de 2009, por lo que, atendiendo a la proporción, a éste y sus parientes en primer grado de consanguinidad y en segundo grado de consanguinidad (...) No obstante, comoquiera que el daño a imputar a la Nación-Fiscalía va entre el 19 de junio de 2008 y el 13 de febrero de 2009, a la víctima directa y sus parientes en primer grado de consanguinidad y en segundo grado de consanguinidad les corresponde” ser indemnizados, señaló el fallo de la Corte Suprema.
El alto tribunal añadió que “la privación de la libertad provocó en este caso una afectación al buen nombre y a la dignidad del demandante Gabriel Ernesto Arango Bacci de suerte que se torna en una afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La Sala encuentra que la única forma de reparar este perjuicio es a través de una medida de reparación no pecuniaria y en tal sentido se dispondrá que la entidad condenada exprese disculpas a Gabriel Ernesto Arango Bacci, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto, a través de una misiva dirigida al demandante”.
En diciembre de 2009, La Sala Penal de la Corte Suprema lo absolvió al considerar que las acusaciones de la Fiscalía “carecen de un soporte suficiente para advertir responsabilidad penal del acusado”. En la misma decisión, el alto tribunal observó que existen circunstancias “bastante sospechosas” del trámite dado por funcionarios de la Armada a este asunto. En consecuencia, la Corte dispuso compulsar copias para que sean investigados a varios oficiales.
Durante todos estos años, la defensa de Arango Bacci ha insistido en que su cliente fue víctima de un complot orquestado por las altas esferas de poder de la Armada para cortar su vuelo hacia la comandancia de esta Fuerza. Que las investigaciones siguieran su curso a pesar de que la prueba inicial sea un cheque con una huella ficticia, según dictamen del CTI, fue para la defensa y para el propio contraalmirante (r) el mejor argumento a la hora de aseverar que este proceso no es más que el producto de una conspiración.
En mayo de 2017, un juez condenó a Juvenal Serna Amaris por falso testimonio en el caso Arango Bacci a nueve años de prisión domiciliaria. Serna Amaris, alias Blacho, fue acusado tras determinar que los señalamientos contra el almirante retirado se trató de un montaje de documentos falsos y testigos que se contradecían en sus testimonios, el alto tribunal terminó absolviendo en el 2009 al almirante retirado.
Mediante un comunicado, la Fiscalía General expresó que alias Blacho “se comprometió a aportar información importante que conduzca a revelar detalles de otras personas implicadas en esta red de falsos testigos”. Tras la su captura en diciembre de 2015, el ente investigador manifestó que con sus declaraciones se logró ampliar la investigación sobre una supuesta organización ilegal de cobro de dinero y prebendas para favorecer o culpar en procesos judiciales a personas investigadas penalmente.
