El colectivo ciudadano #TrabajenVagos. liderado por la activista Catherine Juvinao, había demandado a cinco congresistas, entre ellos Jaime Felipe Lozada, representante a la cámara por el Huila del Partido Conservador. En las acciones pedían la muerte política por supuestas inasistencia a plenarias del Congreso entre 2014 y 2018. El Consejo de Estado, sin embargo, le mantuvo la investidura a Lozada. Pero, al encontrar posibles inconsistencias en algunas de las excusas médicas que presentó el congresista, pidió a la Superintendencia de Salud ponerle ojo al asunto.
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El alto tribunal negó la petición del colectivo que pudo haber dejado a Lozada por fuera de la escena política. Los demandantes aseguraban que el funcionario debería perder su investidura de acuerdo con la Constitución Política, pues, supuestamente, había “dejado de asistir a más de seis sesiones plenarias en las que fueron votados proyectos de ley y/o de acto legislativo o mociones de censura”. De acuerdo con la demanda, entre 2015 y 2016, de las nueve plenarias realizadas Lozada asistió a solo y votó. Por su parte, Lozada le explicó al tribunal que “fue autorizado válidamente para retirarse del recinto o estuvo incapacitado”.
La audiencia pública por este proceso tuvo lugar el pasado 26 de febrero de 2020 y ninguno de los demandantes asistió, según reza en la sentencia. En su defensa, el congresista dijo haberse tenido que retirar por dolencias (que lo incapacitaron posteriormente) y que, en otras ocasiones, tuvo que de asistir a citas médicas. Además, dijo que “no tenía la obligación de poner en conocimiento de la Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes” cada situación de estas.
Tras las constancias médicas, el Consejo de Estado concluyó que “las atenciones fueron posteriores al registro, por cuestión de minutos o de escasas horas (…) el hecho de que las incapacidades se hayan expedido con ese intervalo de diferencia no les resta mérito para justificar el retiro del Congresista”. La Procuraduría se sumó a esa interpretación y dijo que, aunque algunas de las ausencias no fueron justificadas, no eran suficientes para determinar que faltó a más de seis plenarias, lo que por ley sí lo inhabilitaría.
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Si bien el funcionario conservará su investidura, el hecho de que algunas de las excusas médicas presentadas por Lozada fueran recibidas como justificadas por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y no validadas por el Consejo de Estado causó preguntas en torno a cómo se está haciendo la verificación de estos documentos. La Procuraduría, entonces, sugirió que se pidiera intervención de la Superintendencia de Salud o de la Secretaría de Salud de Bogotá para que “para que revisen los procedimientos que se tiene establecidos en la Cámara de Representantes para otorgar las incapacidades médicas”.
Y así lo ordenó la sentencia: “El hecho de que, dado el principio de libertad probatorio que gobierna este proceso, las incapacidades y permisos analizados tuvieran o no la vocación de configurar la causal de pérdida de investidura , no quiere decir que esta colegiatura permanezca impávida ante el acaecimiento de circunstancias que denoten un manejo inadecuado de tales asuntos. Por tal razón se considera pertinente, tal como lo sugirió la Procuraduría, comunicar a la Superintendencia de Salud, a fin de que, en el marco de su autonomía, verifique si al interior del Congreso de la República se están cumpliendo los protocolos en materia de documentación de la atención médica, expedición y certificación de incapacidades”.
Además, los miembros de la Mesa Directiva deberán hacer un registro de las solicitudes de retiro que presenten los congresistas y deben seguir un lineamiento clave: “especial cuidado al momento de ponderar, dentro de su autonomía, los motivos por los cuales podrían concederse tales autorizaciones”. El representante a la Cámara, Jaime Felipe Lozada, fue incluido en el listado de los treinta legisladores que presentaron más excusas de ausentismo para el periodo 2014-2018. El listado fue presentado por el colectivo #TrabajenVagos el 2 de abril de 2019.
Por Redacción Judicial
