El Consejo de Estado se unió a las voces de repudio que se han expresado desde diferentes sectores, frente al asesinato del Juez Octavo Penal del Circuito de Medellín, Diego Fernando Escobar, acaecido el jueves anterior.
El presidente de la magistratura, Luis Fernando Álvarez, se solidarizó con los familiares y personas allegadas al operador judicial, en tanto que denunció la falta de garantías en materia de seguridad a la que se vienen enfrentando muchos funcionarios de la Rama Judicial, con ocasión de sus labores.
Considera que es inaceptable que en una sociedad que se precia de ser civilizada quienes ejercen la administración de Justicia se vean sometidos a amenazas y presiones de este tipo.
Así mismo, el Tribunal instó a todos los estamentos del Estado a la reflexión en torno a la consecuencia de este tipo de actos en contra de personalidades que, como los jueces, tienen a su cargo uno de los pilares de la estabilidad institucional del país.