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El Consejo de Estado será otra de las varias autoridades que estudie las presuntas irregularidades protagonizadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, en el curso de la demanda de pérdida de investidura contra el senador Roy Barreras.
El accionante considera que el parlamentario pudo haber incurrido en tráfico de influencias tras la entrega de un bien incautado al narcotráfico en Cali, de la que fue depositaria una comunidad religiosa cristiana.
Al parecer, la materialización en la entrega de la propiedad que habría sido presidida por el entonces mandatario Álvaro Uribe Vélez, estuvo mediada por los intereses de un congresista que, para el demandante, podría ser Barreras.
Aparentemente, era otro congresista el que estaba interesado en que el pastor a cargo de la comunidad depositaria recibiera el bien, cuya administración fue cedida por el DNE en 2006. El Consejo de Estado encontró que la demanda fue presentada correctamente, por cuanto se verá obligada a meterle el diente al tema de los depósitos de Estupefacientes, en los que hasta hoy no se ha visto involucrado el senador Barreras.
La colegiatura deberá dictaminar si el demandado ejerció influencias o no para asegurar que la propiedad terminara en manos de su actual depositario.
De momento, la Procuraduría delegada en el caso ya pidió la declaración de Juan Carlos Restrepo, director del DNE.