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Consejo Superior de Política Criminal avaló la ley de sometimiento del Gobierno

Instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, los ministerios del Interior y de Justicia y el Congreso, que tienen asiento en esa instancia, le dieron el visto bueno a la iniciativa. La votación quedó con 14 votos a favor y uno en contra.

El proyecto de ley de sometimiento reemplazaría la ley de paz total que estuvo vigente durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Foto: EFE - Pablo R.Seco
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El Consejo Superior de Política Criminal dio su aval al proyecto de ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella. La iniciativa tuvo 14 votos a favor y uno en contra. Entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, los ministerios del Interior y de Justicia y el Congreso, entre otras que tienen asiento en esa instancia de articulación, aprobaron la iniciativa.

La decisión se conoce luego de que, el pasado 21 de octubre, las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes aprobaran el proyecto del Gobierno. La iniciativa, que debe recibir el aval de las plenarias antes del 4 de noviembre, busca establecer un nuevo mecanismo para que integrantes de organizaciones ilegales abandonen las armas y se sometan a la justicia a cambio de beneficios.

El pasado 20 de octubre, la Corte Suprema de Justicia fijó su postura frente al proyecto presentado. En el concepto que envió al Consejo Superior de Política Criminal, organismo que asesora al Ejecutivo en este y otros asuntos de interés para el sector justicia, el alto tribunal pidió ajustar algunos aspectos para que la propuesta sea viable.

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El documento advirtió sobre varios puntos que podrían generar riesgos y tensiones constitucionales, como las sanciones penales, el congelamiento de bienes y las restricciones sin el debido proceso. En su concepto, la Corte señaló la necesidad de ajustar aspectos del proyecto relacionados con los efectos penales y patrimoniales del Registro de Organizaciones Terroristas, la aprehensión de bienes, las facultades extraordinarias y la proporcionalidad de los nuevos delitos.

Además, uno de los puntos que observa el alto tribunal tiene que ver con la creación de la figura del alto comisionado, que podría invadir competencias judiciales. “Su principal debilidad jurídica es hacer depender consecuencias penales y patrimoniales severas de un registro administrativo y diseñar tipos penales amplios o incompletos, en tensión con los principios de última ratio, lesividad y proporcionalidad”, se lee en el concepto.

Sobre el Registro de Organizaciones Terroristas, la Corte Suprema señala que este no puede reemplazar la prueba del delito. “La inclusión en un registro administrativo no puede sustituir la prueba de los elementos del delito de terrorismo ni la responsabilidad personal”, indica el texto.

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En esa línea, la Corte pide que el proyecto de ley precise que la inclusión en el registro no demuestra, por sí sola, la responsabilidad penal de una persona. Sobre las garantías del procedimiento, el tribunal señala que el proyecto no regula la notificación del acto de inclusión ni garantiza el acceso a las razones esenciales de la decisión, pues su motivación puede sustentarse en anexos clasificados o informes de inteligencia que carecen de valor probatorio en los procesos judiciales.

Por ello, el alto tribunal considera que se debe exigir información objetiva, verificable y suficiente. Otra de sus observaciones se refiere al control judicial y a las medidas que podrían imponerse a los miembros de organizaciones criminales. Para la Corte, “las restricciones enlistadas en el articulado están desprovistas de un soporte fáctico-probatorio mínimo. Desconoce la cláusula de reserva judicial en materia de restricción de derechos y plantea un problema de separación de poderes”.

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La Corte Suprema resalta que el aporte más significativo del proyecto es que aborda de forma conjunta asuntos relacionados con las redes de apoyo, las nuevas tecnologías y las fuentes de financiación del terrorismo. Y que, aunque el proyecto tiene un fin constitucionalmente legítimo, su compatibilidad con la Constitución depende de que se ajusten los aspectos señalados. Entre ellos están los efectos penales y patrimoniales del registro, la aprehensión de bienes y las facultades extraordinarias; las competencias asignadas a los jueces penales del circuito especializados; las medidas individuales de control judicial, y la precisión y proporcionalidad de los tipos penales y sus agravantes.

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