La Fiscalía deberá investigar si detrás de la pérdida de investidura (en 2006) del ex representante a la Cámara y actual magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco, hubo una confabulación burocrática, que habría contado con la participación del ex senador conservador Luis Humberto Gómez Gallo y de los congresistas que reemplazaron al parlamentario que tuvo que dejar su curul.
Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia que compulsó copias al ente acusador para determinar si existió el pago posterior de una millonaria suma de dinero ($300’000.000) a cambio de la curul o irregularidades en los movimientos de personal en las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de Gómez Gallo y de los ex congresistas José Antonio Mora Rozo y Héctor José Ospina Avilés, quienes reemplazaron a Claros Polanco (elegido para el período 2002-2006 por el Movimiento Nacional Progresista).
Esta historia comenzó cuando el Consejo de Estado retiró su investidura a Ovidio Claros en 2004 por violación del régimen de inhabilidades tras inscribir su candidatura a la Cámara de Representantes, según la denuncia, sin que transcurriera un año desde que ejerciera como Contralor de Bogotá. Presuntamente detrás de la demanda contra la investidura estuvieron Mora Rozo y Ospina Avilés, 2º y 3° renglón en la lista de Claros Polanco, quienes habrían contratado al jurista Darío Fernando Espitia Moreno para esa labor, que terminó rindiendo frutos.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado acogió su petición en marzo de 2004 y en reemplazo de Ovidio Claros asumió José Antonio Mora Rozo. Poco después Aura Mery Montero Farias, esposa del abogado Espitia Montero, y Róger Andrés Fajardo Otálora, quien fue recomendado por el jurista, fueron nombrados en la UTL de José Antonio Mora Rozo a cambio, según denunciaron ellos mismos, de entregar el 30% del salario devengado, equivalente a la primera de $1’200.000 y al segundo de $600.000.
El dinero, según la denuncia, fue recibido durante un año (que comenzó en abril de 2004) por Ospina Avilés, quien en el pasado había estado vinculado a las UTL dirigidas por Gómez Gallo. Transcurrido ese período, Mora Rozo renunció luego de que le fuera reconocida su mesada pensional, y el 25 de mayo de 2005 asumió como congresista Héctor José Ospina Avilés. Supuestamente el nuevo congresista habría exigido que los aportes de Montero Farias y Fajardo Otálora pasaran del 30 al 70 % de sus salarios. Al rechazar esa pretensión fueron declarados insubsistentes en los meses de agosto y octubre de 2005.
La investigación se inició con base en un anónimo que fue enviado a la Procuraduría General de la Nación, denunciando penalmente a Ospina Avilés, a Mora Rozo y a Gómez Gallo por considerar que ellos urdieron el plan que llevó a la pérdida de investidura de Claros Polanco, para que Mora Rozo reajustara su pensión y Ospina Avilés asumiera la curul posteriormente.
El anónimo dio cuenta, además, de que la dejación del cargo de Mora Rozo fue compensada con el nombramiento de sus hijos José Ignacio Mora Mariño en la UTL de Héctor José Ospina Avilés, en junio de 2005, y Alba Luz Mora de Vargas en la UTL del ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, tres meses antes.
Como si fuera poco, el denunciante incógnito manifestó que José Antonio Mora habría recibido $300’000.000 de Ospina Avilés por haberle cedido la curul. Aunque la Corte Suprema señaló que es competente para investigar las nominaciones laborales de los hijos de Mora Rozo por parte de Gómez Gallo y Ospina Avilés para presuntamente compensar a su padre por la renuncia a la curul, determinó que en el “diseño y puesta en marcha del plan criminal”, que llevó a que los nombrados se les hiciera la ilícita exigencia salarial, no guarda relación directa con las funciones de Gómez Gallo como senador, y más cuando de él no provinieron esos nombramientos.
Esto sumado a que al no ser congresista en la actualidad la competencia para investigarlo penalmente por los episodios referidos es de la Fiscalía General. El Espectador consultó la opinión del actual magistrado Claros Polanco, quien aseguró que en la época sí se rumoró de una conspiración en su contra, por lo que es sano y prudente que los jueces naturales investiguen qué fue lo que ocurrió. Al ser preguntado sobre su relación con Gómez Gallo en el Congreso, Ovidio Claros aseguró: “¡Sin comentarios!”.
Dos años después de haber perdido su investidura, el Consejo de Estado revocó la decisión cuando ya habían terminado los cuatro años de su período. Por eso, en la actualidad cursa una demanda de Claros Polanco contra la Rama Judicial en la que pretende que le sean pagados los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que estuvo por fuera del Congreso. Entre tanto, Gómez Gallo, a quien la Fiscalía le precluyó en primera instancia, es investigado por parapolítica por la Corte Suprema.
Por Redacción Judicial
