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Consulta popular: Denuncian a ministro Jaramillo por presunto abuso de funciones

El representante a la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático, radicó una denuncia contra el ministro Jaramillo, quien presentó en nombre de la Presidencia una nueva convocatoria a consulta popular.

Redacción Judicial

20 de mayo de 2025 - 03:16 p. m.
Gobierno de Colombia presenta al Senado otra consulta popular con cuatro nuevas preguntas.
Foto: EFE - Ministerio de Trabajo
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El representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Andrés Eduardo Forero, radicó una denuncia contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. El político considera que el alfil del gobierno de Gustavo Petro habría cometido el delito de abuso de función pública, cuando este 19 de mayo radicó en nombre de la Presidencia una solicitud al Senado para una nueva convocatoria a la sonada consulta popular.

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La semana pasada, la nueva bandera de Gustavo Petro para sacar adelante su reforma laboral, a través de una consulta popular, se hundió en el Senado. No obstante, dado que el presidente está cumpliendo funciones diplomáticas en otros países, y Jaramillo está encargado, este último presentó una nueva solicitud ante el Senado, a la cual le incluyó, incluso, cuatro nuevas preguntas para la ciudadanía.

El representante Forero denuncia que, si bien Jaramillo radicó la solicitud en condición de ministro de Salud, este explicó que era “delegatario de funciones presidenciales mediante decretos 506 y 528 de 2025″. Sin embargo, Forero explica que esos decretos no facultan a Jaramillo para presentar una solicitud de concepto favorable sobre convocatoria a consulta popular.

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Forero agrega que en ninguno de los decretos se delegó la función constitucional a Jaramillo prevista en el artículo 104 de la Constitución: “El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional”.

El delito de abuso de función pública puede originarse cuando un funcionario, extralimitándose en su cargo, realiza funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponden. El Código Penal establece penas entre los 16 y los 36 meses de prisión, y una inhabilitación para el ejercicio de labores públicas por hasta 80 meses.

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En las últimas horas, ante la Comisión Cuarta del Senado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó las razones por las cuales, de una semana después de que el texto se hundiera en el Congreso, se volvió a radicar. De acuerdo con Benedetti, “el Gobierno cree que no se ha pronunciado el Congreso”.

El ministro luego explicó que el presidente del Senado, Efraín Cepeda(Partido Conservador), no le pidió a la plenaria que se pronunciara sobre la ponencia a favor de la consulta popular, sino que solo dijo que“[votaran] lo de la consulta”. Esto constituiría, según él, un “giro lingüístico” que se podría traducir en un vicio de trámite.

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