Contelac, la empresa salpicada por caso Odebrecht con contratos por $120.000 millones

La empresa que, según la Fiscalía, permitió que el consorcio del que hacía parte Odebrecht pagara sobornos con los $244.300 millones que se destinaron para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas en 2009, firmó contratos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) por $120.000 millones en 2016. A pesar de que por seis años el nombre de Contelac y el de su dueño, Jaime Buenaventura Quintero, aparecen en los expedientes del carrusel de la contratación, nada impidió que participaran en jugosas licitaciones y les adjudicaran ocho contratos.

Hoy, la Fiscalía indaga sobre estos contratos y la forma como se adjudicaron. Además, el próximo 31 de agosto le imputará a Jaime Buenaventura Quintero (Ver actualización de esta noticia al final) cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, pues terminó implicado en la trama de corrupción que montó Odebrecht para quedarse con la licitación de la obra que comunicaría al río Tunjuelo con la planta de tratamiento de Canoas. Según el expediente, se pagaron coimas con el 8,75 % del valor total del contrato de la EAAB. Casi $20.000 millones.

Lo que hoy genera preocupación en la Fiscalía es que Quintero, con su empresa Contelac, se ganó ocho contratos que oscilaban entre los $5.000 millones y los $36.500 millones. En los concursos licitatorios se asoció con otras empresas para formar los consorcios en los que cayó la responsabilidad de, por ejemplo, renovar la estación de bombeo de Usaquén; reconstruir andenes dañados por la reparación del acueducto y alcantarillado; diseñar, construir y rehabilitar las redes del sistema de alcantarillado, y construir las obras de refuerzo para el colector de la calle 94, una de las principales obras de la ciudad. El gran socio de Contelac —ejecutando alrededor de $60.000 millones— para la mayoría de estos negocios fue Vicon S.A.

Al ser consultado sobre este tema, el gerente de la EAAB, Germán González, indicó que Contelac es un contratista que ha tenido relación con el Acueducto desde 2001. Respecto a lo sucedido en su período, los ocho contratos firmados a finales de 2016, dijo que es un tema muy delicado y que genera preocupación por los señalamientos contra Buenaventura Quintero. “Quiero dejar claro que en mi administración todos esos contratos de Contelac fueron adjudicados por invitación pública y no de forma directa. El 70 % de la contratación del Acueducto en 2016 se hizo a través de convocatoria pública y con una participación en promedio de 40 empresas por contrato”.

Sin embargo, uno de los grandes problemas que afronta la EAAB, y por el cual las autoridades tienen la lupa sobre su sistema de contratación. es que varias personas que trabajan en la estructuración de estos concursos, al parecer, hacen parte de la gran red de corrupción del cartel de contratos. González precisó que ante esta situación siempre ha pedido el acompañamiento de la Fiscalía para desmantelar estas redes y agregó que en diciembre 2016, cuando se firmaron los ocho contratos, Contelac no tenía ningún problema con la justicia y que sólo en febrero de este año apareció vinculada con el caso Tunjuelo-Canoas por el escándalo de Odebrecht.

“Le pido a la justicia que con prontitud emita condenas para evitar que personas vinculadas con el carrusel de la contratación en Bogotá sigan contratando. Uno no puede prohibir que participen en licitaciones públicas si no están condenados. Sólo con una sentencia podemos tomar medidas. Queremos identificar a las personas que les hacen el juego desde hace muchos años a algunos contratistas y que están inmersos en el carrusel de contratos”, puntualizó el gerente de la EAAB, quien a principios de año informó a la Fiscalía sobre la relación de Odebrecht con el contrato Tunjuelo-Canoas.

La génesis de los problemas de Contelac

El contrato de Tunjuelo-Canoas está en la lupa de las autoridades desde el año 2012, cuando apareció entre la feria de negocios ilegales que se hicieron con la contratación pública de Bogotá. Asimismo, los principales testigos del carrusel, como Emilio Tapia, Julio Gómez y Manuel Sánchez, han dado detalles sobre cómo se manipuló la licitación para que el Consorcio Canoas —compuesto por Odebrecht y CASS Constructores, empresa de Carlos Solarte— no tuviera contendiente alguno y se ganara la adjudicación de los $244.000 millones.

Antes de que estallara en diciembre de 2016 el escándalo de Odebrecht, la Fiscalía ya investigaba a los implicados en este caso. El protagonista era Andrés Cardona, un hombre que fungió como lobista durante la alcaldía de Samuel Moreno y quien escogía a los contratistas dispuestos a pagar coimas para otorgarles jugosos contratos. Cardona fue capturado el pasado 20 de febrero y no aceptó ninguno de los delitos imputados: interés indebido en la celebración de contratos y cohecho —entrega de sobornos—.

Sin embargo, hoy Cardona negocia con la Fiscalía un acuerdo. El procesado se comprometería a aceptar su responsabilidad por uno de los cargos imputados a cambio de recibir un principio de oportunidad y convertirse en testigo estrella del proceso. Andrés Cardona estaría dispuesto a dar rienda suelta a sus declaraciones contra el resto de implicados, entre ellos los hermanos Samuel e Iván Moreno y miembros de la familia Solarte.

Es más, la Fiscalía ya anunció que, junto a Jaime Buenaventura Quintero, le imputará cargos al exalcalde Samuel Moreno por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Supuestamente, Cardona les entregó a él y a su hermano, el exsenador Iván Moreno, $1.000 millones por el negocio de Tunjuelo-Canoas. Para la Fiscalía es claro, como lo dijo en audiencia pública, que Andrés Cardona recibía órdenes del excongresista y que fue en una reunión en México donde se planeó todo.

En ese país, al que viajaron con Andrés Cardona su socio en la firma ACC Ingeniería, Gustavo Alberto Giraldo Uribe, y Jaime Buenaventura Quintero, se pactó que Contelac y una firma mexicana realizarían la interventoría del proyecto. El contrato Tunjuelo-Canoas se entregó el 30 de diciembre de 2009, estando como alcalde encargado Héctor Zambrano, el exsecretario de Salud de Bogotá que ya fue condenado por el carrusel.

La interventoría a cargo de Contelac tenía que vigilar que los dineros del contrato se invirtieran correctamente, pero eso no sucedió. Al Consorcio Canoas le giraron un anticipo de $40.000 millones que terminó en la fiduciaria Correval, algo que, según las autoridades, es ilegal, pues no se tiene control efectivo de cómo se invierte el dinero. Desde esa fiducia, según la Fiscalía, se utilizó la figura de subcontratación para pagar las coimas a través de la empresa de Andrés Cardona y a la Constructora Fajardo Nieto Ltda., propiedad de Orlando Fajardo, a quien también le imputarán cargos dentro de tres meses, el 31 de agosto.

La investigación por el contrato Tunjuelo-Canoas aún tiene varios capítulos por escribir. Fuentes consultadas indicaron que la negociación de Cardona con la Fiscalía va muy avanzada y que entre las personas que se verían afectadas con sus declaraciones está la hija de un prestigioso ingeniero que ha estado al frente de algunos de los proyectos más importantes del país y principal constructor de las vías de cuarta generación.

* Actualización de esta noticia: Con posterioridad a esta publicación, el señor Jaime Buenaventura Quintero remitió a El Espectador el Oficio No. -278 del fiscal jefe de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación de fecha 20 de junio de 2018, en el que se afirma que una vez consultado el sistema misional SPOA de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública contra la Eficaz y Recta Impartición de Justicia y contra los mecanismos de Participación Democrática de la Seccional Bogotá, no se encontró ninguna indagación e investigación en contra de la empresa Consultoría Técnica Latinoamérica y del Caribe SAS – CONALTEC, ni de su representante legal Jaime Buenaventura Quintero.