Continúa la avalancha de afectados

De los escombros que causó el terremoto DMG no dejan de aparecer damnificados. En esta ocasión el turno fue para 150 familias del barrio Campiñas de San Fernando, en Amagá (Antioquia), quienes, al parecer, tendrán que desalojar sus viviendas, pues éstas se erigieron sobre un lote que le pertenece a la firma que hoy es objeto de investigaciones penales y que fue fundada por David Murcia Guzmán. Para tratar este asunto llegan a Bogotá hoy tres abogados, le dijo a El Espectador Óscar Darío Molina, uno de los abogados representantes de los habitantes del barrio.

La problemática de estas familias comenzó el 29 de diciembre, cuando la Fiscalía anunció que 656 bienes, valorados en $130 mil millones, le serían incautados a DMG en 15 ciudades del país. De esos predios, 116 se localizaban en Amagá. El propósito del órgano investigador era incautar propiedades para devolverles los dineros a los inversionistas de la captadora ilegal. Sin embargo, con la decisión, el medio millar de residentes de este populoso sector pasaron a engrosar la lista de afectados por la compañía. Pero, si la justicia los obliga a abandonar sus casas, se quedarían, literalmente, en la calle, pues éste es un barrio habitado por personas de escasos recursos.

“La diligencia del 29 de diciembre se suspendió porque la Fiscalía se encontró con una realidad que no esperaba: un barrio de invasión conformado por 500 personas. Nosotros vamos a ir a la Fiscalía 26 delegada, que es la que tiene el caso, para demostrar la calidad de poseedores que tienen los habitantes del barrio y mirar la posibilidad de que se entregue el lote a la firma interventora, ésta al municipio y éste a las familias”, explicó Molina. Uno de los argumentos de los litigantes es que hace 15 años varias familias fueron engañadas por una constructora que ofreció la edificación de un conjunto residencial en el terreno hoy de propiedad de DMG.

“Construcciones Los Balsos entregó 10 casas en 1994. En la segunda etapa iban a construir 11 locales y 289 casas. Comenzaron a vender sobre planos y la gente entregó la cuota inicial de $4 millones. La constructora desapareció y nadie les devolvió la plata, ni Granahorrar, que era el dueño de la fiducia; y después llegan y venden el predio sabiendo que está ocupado. Esa fue como una de las primeras pirámides, fueron estafadas 70 familias y nadie respondió”, manifestó Molina. Pero el 29 de diciembre, cuando los investigadores del CTI llegaron al barrio, lejos de encontrar una urbanización con lujosas viviendas hallaron una invasión: 104 casas construidas en los 116 lotes de 70 metros cuadrados que figuran en las escrituras del predio.

En la oficina de Catastro Municipal está la copia de la escritura N° 2085 del 15 de marzo de 2007, de la Notaría 38 de Bogotá, donde consta que el BBVA le vendió el predio a Guval S. A., firma filial de DMG, por un valor de $48.387 cada lote, para un total de $5.568.000. En la escritura queda claro que Guval S. A. sabía las condiciones en las cuales adquirió el terreno: “Se deja constancia de que el precio pactado es sustancialmente inferior al valor comercial de los bienes, considerando que se trata de una venta en bloque, donde el vendedor no concede ningún tipo de garantía ni asume responsabilidad por el estado jurídico o material de los bienes...”. Guval S. A. le adeuda al municipio de Amagá $4.732.518 por concepto de impuesto predial a diciembre 31 de 2008. El último pago lo realizaron el primer trimestre de 2008.

Los habitantes de Campiñas de San Fernando perdieron la tranquilidad el pasado 29 de diciembre. No saben qué va a pasar con ellos ni a dónde van a ir si la Fiscalía ordena su salida del terreno. Uno de ellos es María Eucaris Cañas. Llegó

“Aquí la gente es muy pobre, si desayunan no almuerzan, para dónde nos vamos a ir. Esperamos que los abogados puedan hacer algo por nosotros. Yo compré esta casa hace siete años en millón y medio. No tengo para dónde irme”, expresó José Jaramillo, otro de los moradores de esta localidad. Y mientras este grupo de personas lamenta la suerte que puede correr, la Alcaldía señala que no tiene recursos para entrar a mediar en una posible solución. Así lo aseguró el secretario de Gobierno de Amagá, Álvaro Echavarría: “En este momento no podemos comprar ese lote, porque tenemos una emergencia para reubicar a 100 familias del sector La Esmeralda, que se está hundiendo por causa desconocida. Se nos juntan dos problemas y no hay recursos”.

Los residentes de este barrio rezan porque las noticias que lleguen de Bogotá sean buenas y les permitan permanecer en sus casas. De lo contrario, como ellos mismos dicen, pasarán a ser otros afectados por DMG. ¿Y a nosotros quién nos indemniza?, preguntan.