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El abogado Luis Guillermo Pérez, quien defiende los intereses de un grupo de víctimas de las ‘chuzadas del DAS’ cuestionó el nuevo aplazamiento registrado este martes de la audiencia de alegatos de conclusión en el proceso que se adelanta contra exsubdirector del organismo de inteligencia, José Miguel Narváez.
Para el jurista, después de cinco oportunidades este martes nuevamente fue imposible adelantar esta diligencia judicial por lo que consideró que esto es una “prolongación indebida” del juicio y se convierte “en una burla al pronto acceso a la justicia”.
La audiencia fue nuevamente aplazada debido a que la defensa de Narváez argumentó que está a la espera de unas pruebas que fueron solicitados y que hasta la fecha no han sido recibidas.
“Llevamos dos años de aplazamiento de este juicio. No solamente José Miguel Narváez tiene derecho al debido proceso sino también a las víctimas que nosotros representamos, a que vean el adelanto de estas investigaciones para que haya una pronta sanción penal”, indicó el abogado.
Para Pérez, se han presentado una serie de maniobras dilatorias a lo largo de este juicio, principalmente debido al continuo cambio de abogados defensores por parte del exfuncionario que han dificultado el normal desarrollo de la justicia.
Preocupados que este proceso se extienda en el tiempo pronta justicia a la que tienen derecho las víctimas y la sociedad colombiana esto ha sido uno de los hechos más graves en contra de la institucionalidad y la democracia, contra los defensores de derechos humanos, magistrados y periodistas independientes
“Estamos preocupados de que este proceso se extienda en el tiempo. Esperamos que se haga pronta justicia pues esta es a la que tienen derecho las víctimas y la sociedad colombiana. Esto ha sido uno de los hechos más graves en contra de la institucionalidad y la democracia, contra los defensores de derechos humanos, magistrados y periodistas independientes”, indicó.
Narváez es procesado por presuntamente haber hecho parte de la “empresa criminal” que desde el DAS ordenó seguimientos en contra de un grupo de congresistas de oposición, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, defensores de derechos humanos y periodistas.
El exfuncionario es investigado además por su presunta participación en el asesinato del periodista Jaime Garzón, el secuestro de la entonces senadora Piedad Córdoba y la tortura psicológica a Claudia Julieta Duque.
Ante esto, un juez especializado de Bogotá reprogramó nuevamente la audiencia para el próximo 24 de junio.
Por El Espectador
