Contralora General desmiente a Red de Veedurías Ciudadanas

La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, denunció que el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, adelanta una campaña de desinformación y versiones mentirosas sobre las actividades del máximo organismo de control fiscal.

La Contralora explicó que Bustos entregó a diversos medios de comunicación versiones falsas, tales como que se había producido la renuncia de ella a ese cargo o que el Consejo de Estado habría emitido un fallo contra su elección.

Además, sostiene la Contralora que Pablo Bustos Sánchez ha reportado a diferentes medios varios hechos relacionados con decisiones de Contraloría “con desconocimiento del orden jurídico, condimentando sus versiones con suspicacias imputables a quienes son duchos en el mundo del delito”.

Le advierte que las decisiones de la Contraloría no se toman en función de que un parlamentario haya votado o no por ella cuando fue elegida.

“Una sola prueba que usted tenga lo obliga a denunciarme penalmente. Yo misma enviaré su nota a las autoridades correspondientes, pero también estaré atenta para establecer si la temeridad acarrea o no sanción penal”, precisó en un infiorme de prensa de la entidad de control.

Ahora bien, dentro de su concepción de lo que son los móviles de mi actuar, se equivoco de plano, porque el Representante Oscar Marin no voto por mi. No lo hizo el Partido Liberal, comprometido con Alberto Rojas, abogado pereirano y amigo cercano de las directivas de ese partido.

Agrega que, admitiendo que Oscar Marín no pudiese pedir un control excepcional ni votar el mismo, pretende el abogado Pablo Bustos que la Contralora se pronunciara negativamente y declarara una eventual situación de conflicto de interés.  ¿Qué norma me da esa facultad?, se pregunta la Controlora.

Además, explica que en una sentencia del año 2010, en un caso similar, la Sección Primera del Consejo de Estado ya resolvió el tema. Le recordó que, en Colombia, la ley es fuente obligatoria de derecho y la doctrina es criterio auxiliar de interpretación, en tanto que la Sala de Consulta ya resolvió el conflicto de competencia a favor de la Contraloría General de la República.

La Contralora Morelli considera que “sería importante conocer las pruebas que llevan al doctor Pablo Bustos a afirmar que el control excepcional que se asumió en un proceso en el cual estuvo vinculado Oscar Marín, se adopto para beneficiarlo. Cuando empezó este episodio, me informaron que el primer beneficio que recibió el representante fue un embargo de sus bienes.

La Contralora General advierte que es muy extraño que mucha gente pretenda ahora que sus casos de responsabilidad fiscal se ventilen a nivel municipal, distrital, departamental o en las gerencias de la Contraloría General, cuando en realidad somos un solo país, sometidos a una única constitución y a leyes de orden nacional.

La Contralora advierte que desde que asumió el control excepcional de las obras de la calle 26 en Bogotá, se ha venido planteando que solo puede avocarlo la Contraloría General respecto de la entidad territorial y no de su organización descentralizada y por servicios.

“En buen romance, agrega, eso significa que ni para asumir el tema del IDU, en Bogotá; ni el caso de la Fundación Buen Gobierno, en Antioquia; ni el de la Licorera del Valle de Cauca, entre otros casos, tendría competencia la Contraloría General de la República. Según las tendenciosas interpretaciones, esos casos deberían seguir el curso que tenían con el Contralor Rodríguez y otros, con el ex contralor de Antioquia, cofundador de la Fundación Buen Gobierno, o con el ex contralor Morales Russi de Bogotá”, dijo Sandra Morelli en el comunicado de prensa.

Le dice al abogado Pablo Bustos que donde el legislador no introduce discriminación o categorías no lo puede hacer el intérprete. “Si la Sala de Consulta decidió un control excepcional y así lo ordenó, la Contraloría no puede darle gusto a usted pues estaría prevaricando”, indicó.

Adicionalmente, la Contralora General informa que el Consejo de Estado revocó una resolución en la cual la citaban a declarar en el caso de Oscar Marín, por un error de la Secretaría. “Esa declaración la haré por escrito y como testigo y el proceso no es en mi contra”, aclaró.

La Contralora General reitera que no es cierto, como lo están diciendo algunos interesados en manipular y enredar la información, que haya renunciado a su cargo, y no hay motivo para hacerlo.

“Tampoco es cierto que haya fallo en mi contra. Ni me deprime el hecho de que en algún lugar del Valle del Cauca o en una cárcel, en una estación, en algunos núcleos de la Contraloría, celebren con júbilo esa equivocada noticia, ni muchos menos las interpretaciones amañadas de quienes buscan indisponer a la Contralora con los más altos dignatarios del Estado.