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La Contraloría General de la República alertó sobre serias dificultades para cumplir las órdenes de reparación a las víctimas de las dos primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con el ente de control, la financiación prevista para 2026 presenta un déficit del 83,6 %, lo que equivale a un faltante de COP 101.858 millones, sin contar las nuevas sentencias que podrían producirse.
El hallazgo hace parte de un seguimiento especial a los compromisos del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y el secretariado de las antiguas Farc, así como a las decisiones recientes de la JEP. La Contraloría encontró fallas en la monetización de los bienes entregados por la exguerrilla e incumplimientos en la entrega de activos destinados a la reparación de las víctimas.
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El análisis determinó que uno de los componentes centrales de esas decisiones es el restaurativo y reparador, el cual, según cálculos de la propia JEP, requiere COP 121.858 millones. Sin embargo, para 2026 el secretariado solo habría entregado COP 20.000 millones, lo que limita de manera significativa la ejecución de las sentencias.
El ente de control también comparó los bienes que las antiguas Farc se comprometieron a entregar con lo efectivamente recibido y monetizado por el Estado. Entre los datos que destaca la Contraloría, se señala que la exguerrilla reportó tener hasta COP 12.070 millones en efectivo, pero solo entregó poco más de COP 2.100 millones. En dólares, el secretariado acordó entregar USD 450.000, de los cuales solo fueron monetizados USD 448.500, debido a que USD 1.500 resultaron ser falsos, según la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En cuanto a los inmuebles entregados por las Farc, de los 722 bienes reportados, el secretariado solo ha entregado uno. El informe recuerda que la SAE fue designada como administradora del patrimonio autónomo encargado de estos activos, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) fue definida como la entidad beneficiaria.
Según el informe de la Contraloría, a través de su Delegada para el Sector Justicia, estos incumplimientos ponen en riesgo el derecho a la reparación integral y podrían comprometer la responsabilidad del Estado. Por ello, el organismo de control instó a las partes involucradas a cumplir los acuerdos y, en particular, a garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas del conflicto armado que sean reconocidas por la JEP.
Adicionalmente, el órgano de control advirtió que otras órdenes judiciales incluidas en las sentencias —que asignan responsabilidades específicas a entidades nacionales y territoriales para garantizar su implementación y la consecución de recursos— no cuentan con apropiaciones presupuestales, lo que impide su cumplimiento en la próxima vigencia fiscal.
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La Contraloría advirtió que la diferencia sustancial entre los compromisos adquiridos y los bienes efectivamente entregados por el secretariado compromete la eficacia de los principios de verdad, justicia y reparación. Además, genera una “incertidumbre frente a la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y contingencias frente a la obligación del Estado colombiano frente a los derechos de las víctimas”.
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