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Una grave alerta lanzó la Contraloría General de la República tras una auditoría de cumplimiento al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), al detectar serias limitaciones para ejercer el control fiscal sobre recursos por más de $2.5 billones invertidos en proyectos de infraestructura social entre 2020 y 2024.
Frente a esta situación, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, para que inicien las investigaciones correspondientes. Además, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) rastreará transferencias y pagos realizados a alcaldías y entidades como FINDETER y ENTERRITORIO, con el fin de reconstruir expedientes y determinar el destino final de los recursos.
La revisión, que tomó como muestra 889 convenios interadministrativos, apenas logró evaluar 25 de ellos, equivalentes a $58.000 millones, es decir, apenas el 2,3% del total. La falta de información impidió a la Contraloría auditar el 83% de los convenios y la contratación asociada, un hecho sin precedentes en el control fiscal reciente.
Según el informe, Prosperidad Social solo entregó los documentos que actualmente reposan en sus archivos. Sin embargo, la entidad manifestó que no cuenta con la documentación completa de las vigencias auditadas, lo cual dejó sin insumos a los equipos técnicos para analizar la mayoría de los contratos.
La Contraloría advirtió desde febrero de 2024 al DPS sobre el riesgo de pérdida de estos recursos, en el marco del proyecto “Fortalecimiento para el desarrollo de la infraestructura social y hábitat para la inclusión social”. Algunos convenios están ahora en la estrategia “Compromiso Colombia”, para su culminación, y otros ya cursan procesos de responsabilidad fiscal.
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Pese a las limitaciones, la auditoría identificó 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de $12.682 millones. Entre las principales irregularidades se encuentran pagos por servicios no ejecutados, supervisión deficiente e incumplimientos contractuales sin sanción efectiva.
Uno de los casos más graves se evidenció en el municipio de Fundación (Magdalena), donde se invirtieron $5.116 millones en la adecuación del mercado público. La obra fue entregada en 2021, pero hoy permanece abandonada y en deterioro, sin cumplir su función por la no reubicación de los vendedores.
En Coyaima (Tolima), la construcción de una plaza de mercado presenta solo un 51,38% de avance, pese a que se giraron $2.754 millones. Por su parte, en San Andrés de Sotavento (Córdoba) se detectaron pagos por mejoras de vivienda que no fueron recibidas a satisfacción por parte de la interventoría, lo que generó un presunto detrimento de $1.116 millones.
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La Contraloría cuestionó el diseño de los convenios interadministrativos del DPS, en los que no se establecieron condiciones claras para los desembolsos, como la obligación de cargar los expedientes en plataformas públicas. Aunque los recursos son transferidos a entes territoriales, esto no exime al DPS de su responsabilidad como gestor fiscal. El informe fue emitido bajo el concepto de “limitación en el alcance – abstención de conclusión”, al no contar con información suficiente para emitir un juicio sobre la gestión de la totalidad de los recursos auditados.
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