La Contraloría General acaba de lanzar una alerta por presuntas irregularidades en el Plan de Alimnetación Escolar (PAE) en too el territorio nacional. De acuerdo con el ente de control, hay irregularidades en el uso de, por lo menos, COP 53.000 millones. Además, se llamó la atención sobre retrasos en el inicio del plan en 2026.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, durante 2025 se realizaron “40 actuaciones de control fiscal en todo el territorio nacional frente a los Recursos del Programa de Alimentación Escolar del Presupuesto General de la Nación, territoriales y regalías, en las que determinó hallazgos fiscales por $53.117 millones”. Parte de esas irregularidades están en las entidades territoriales.
Dice la Contraloría que adelantó auditorías de cumplimiento a 68 Entidades Territoriales Certificadas que “representan una cobertura de más del 90% de los recursos del PAE a nivel nacional y el 70% de las ETC”. En sus revisiones, se evidenciaron “41 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de COP 24.254 millones”. Esas presuntas irregulariades están relacionadas con sobrecostos, con 22 hallazgos por COP 18.106 millones, 12 hallazgos por “Pagos sin soportes de ejecución” por COP 2.790 millones, problemas en la “Ejecución contractual” con tres hallazgos por COP 2.706 millones y también se encontraron tres por “Incumplimiento de lineamientos del Programa” por COP 649 millones.
Según las cifras, lo más crítico está en la región Centro Oriente, donde hubo nueve hallazgos por COP 12.363 millones. En Soacha (Cundinamarca), por ejemplo, se identificó el hallazgo de mayor incidencia fiscal: COP 3.550 millones “frente a la totalidad del recurso destinado al programa, derivado de la inclusión de valores en la estructura de costos que fueron pagados por el municipio y que superaron los valores efectivamente ejecutados por el contratista”.
Asimismo, se evidenció que en 2024 en Boyacá se suscribieron convenios estandarizados de cofinanciación para la ejecución del PAE en los 120 municipios, “estableciendo lineamientos técnicos y jurídicos, así como un costo promedio por ración que incluía ingredientes y operación logística, con discriminación del pago al personal manipulador”. También, se compararon las raciones dadas a los estudiantes con los soportes de pago y “se identificaron diferencias entre los valores reconocidos y los efectivamente cancelados generando un posible detrimento por COP 2.010 millones”.
Por otra parte, se encontraron iiregularidades relacionadas con los recursos del Sistema General de Regalías. En Nariño, Quindío y Meta, y en el municipio de Arauca, para las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, se hicieron cinco hallazgos con presunta incidencia fiscal por COP 28.863 millones, relacionados con deficiencias detectadas en todas las etapas del proceso contractual, así como en el cumplimiento de los lineamientos técnicos y nutricionales del programa. En Nariño, se estableció el hallazgo fiscal de mayor cuantía sobre estos recursos: COP 23.549 millones, relacionado con el incumplimiento del Anexo Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible del PAE. Ese incumplimineto se habría dado por deficiencias “en la planeación y ausencias de aprobación formal de los ciclos de menú, que constituyen un riesgo para el cumplimiento de los parámetros nutricionales en las entregas de las raciones”.
Finalmente, sobre el inicio del PAE para 2026, la Contraloría señaló que hay una “afectación a cerca de 800.000 estudiantes en 12 ETC, dado que el inicio de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario escolar de 2026″. El problema estaría ocurriendo en Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó y Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.
El ente de control hizo un llamado, pues estas irregularidades “comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños, niñas y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar”. Aún, dice la COntraloría, “resta por cobijar cerca de un millón 200 mil niños en el país”.
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