Colombia es débil en la políticas para prevenir el reclutamiento forzado de menores de edad. Eso determinó el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez. El jefe del ente de control señaló públicamente que el país enfrenta un escenario crítico marcado por “la ineficacia del gasto público, la reducción de recursos y debilidades estructurales en la implementación de las políticas públicas, lo que está aumentando el riesgo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Para llegar a esa conclusión, la Contraloría analizó la respuesta del Estado frente a la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el marco de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA). También, revisaron el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y la atención a la primera infancia en la modalidad institucional del ICBF.
Lo que encontraron fue que los recursos destinados por la CIPRUNNA, se redujeron a COP 1.810 millones para el periodo 2024-2026, lo que representa una caída cercana al 83,8 % frente al periodo 2019-2023. Esta reducción, dice el ente de control, “sumada a la baja ejecución y a la ausencia de un sistema robusto de información, está limitando gravemente la capacidad del Estado para prevenir el reclutamiento y proteger a la niñez en los territorios más vulnerables”.
De acuerdo con la información presentada, el análisis del proyecto de inversión del periodo 2019-2023 realizado a la CIPRUNNA, muestra que, aunque se asignaron COP 12.891 millones, solo se ejecutaron COP 9.216 millones, dejando COP 3.675 millones sin utilizar. Todo, en un contexto donde los riesgos persisten y aumentan. Para la Contraloría, “este comportamiento evidencia que el problema además de ser de reducción de recursos, es también de capacidad institucional para transformar el presupuesto en resultados efectivos”.
Algo similar ocurre con el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD). La Contraloría realizó visitas técnicas en las que evidenciaron que, en promedio, “más del 60% de los equipos interdisciplinarios se encuentran incompletos, situación que limita la capacidad institucional para garantizar una atención oportuna e integral a los casos de vulneración de derechos”.
Por otra parte, revisaron que respecto a la modalidad institucional de primera infancia del ICBF hay fallas críticas en la detección, seguimiento y cierre de casos de vulneración de derechos, asociadas a debilidades en información, articulación y supervisión. En sus cifras, registraron 1.488 alertas en 2022 y 1.458 en 2024, mientras que en 2023 solo se reportó un caso, “lo que evidenciaría posibles limitaciones en la capacidad operativa de la entidad”, dice el ente.
Por la misma línea, se identificó que hay una “concentración del gasto en modalidades de atención en zonas urbanas, mientras que las estrategias de fortalecimiento familiar y comunitario en zonas rurales enfrentan limitaciones de financiación y cobertura”. Eso, señala la Contraloría, “perpetúa un modelo de atención que no responde de manera sostenible a las realidades territoriales”.
Con esos datos en mano, el contralor general hizo un llamado a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a las autoridades nacionales y territoriales para que sumen sus esfuerzos y fortalezcan sus capacidades para “permitir que cada peso invertido se traduzca en protección real y verificable para la niñez”.
El ente de control resaltó que “donde se identifique que el gasto público no está cumpliendo el objetivo para el cual fue destinado, la Contraloría actuará con el fin de que se cumpla con los principios de eficacia y eficiencia en la ejecución de estos”. Asimismo, agregó que “el deber del Estado es garantizar que cada recurso se traduzca en protección y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes”.
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