La Contraloría General de la República acaba de alertar de graves problemas identificados en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país. Según encontró el ente de control fiscal, hay irregularidades laborales y fiscales en la operación del Programa y se detectaron posibles sobrecostos por más de COP 16.800 millones.
Según la entidad, se revisó un gran número de reportes y denuncias ciudadanas que advertían de las irregularidades. “Entre los años 2024 y 2025, se identificaron más de mil (1.069) reportes de peticiones ciudadanas asociadas al PAE, de las cuales al menos 312 advierten posibles afectaciones en materia laboral, incluyendo retrasos en los pagos, irregularidades contractuales e inestabilidad en la vinculación", dice el comunicado de la Contraloría.
Asimismo, que las principales afectadas laboralmente con estas irregularidades serían las manipuladoras de los alimentos. “Cerca de medio centenar de estas denuncias hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que permite advertir un patrón que trasciende lo anecdótico", dice el ente de control.
Por otra parte, se adelantaron auditorías en la que se encontró que “durante la vigencia 2025, se detectaron cerca de 30 hallazgos en las Auditorías de Cumplimiento a nivel nacional”, de los cuales 20 son “por más de COP 18.600 millones por presuntos sobrecostos en el PAE”. Dice el ante de control que, al parecer, ”no se le paga lo justo a las manipuladoras y los operadores de los programas se quedan con esos recursos que el Estado ya ha pagado para que se les brinde un salario digno".
Asimismo, se evidenció que “entre 2022 y 2025, se han determinado 149 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de COP 49.662 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país”. Dice el comunicado que “estas deficiencias obedecen a sobrecostos los cuales representaron COP 33 mil millones, es decir el 67% de todos los resultados fiscales. Otros relevantes se encuentran asociados al desarrollo y ejecución contractual (17%)“. El ente de control sostiene que “las regiones que presentan los resultados fiscales más preocupantes son la Centro Oriente (COP 13 mil millones) y Caribe( COP 11 mil millones)“.
Por otra parte, la entidad se refirió a las denuncias sobre prácticas laborales denunciadas. El seguimiento hecho, dicen, ha “permitido identificar presuntas falencias en la formalización de los vínculos contractuales, retrasos en el pago de las remuneraciones y condiciones de inestabilidad laboral“. De igual manera, que “se han identificado prácticas asociadas a esquemas de vinculación recurrentes por periodos aproximados de cuatro meses“.
Dice la Contraloría que “esta dinámica podría estar siendo utilizada para fragmentar la relación laboral y diluir las obligaciones asociadas al reconocimiento integral de derechos, particularmente en lo relacionado con la afiliación y el pago de la seguridad social”.
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