En la gestión en 2017 del Consejo Superior de la Judicatura se habría presentado irregularidades por el manejo de los recursos que se destinan para la construcción de su infraestructura física. Este martes, tras una auditoría financiera, la Contraloría encontró falencias en esa entidad por la inversión de $22.422 millones reservados para la construcción de dos sedes judiciales en Zipaquirá y Soacha, en el departamento de Cundinamarca.
En el caso de Soacha, reveló la auditoria, la totalidad de los recursos invertidos ($13.448 millones) fueron elevados a daño patrimonial. Aunque las obras ya finalizaron, el edificio no cuenta con suministro de servicios públicos ni con vías de acceso por la “deficiente estructuración del proyecto realizada en coordinación con la Alcaldía Municipal”. Esto, al parecer, ha llevado a que la sede no pueda ser puesta al servicio del público.
En el caso de la sede judicial de Zipaquirá, el equipo de la Contraloría encontró fallas en la obra que impiden ponerla al servicio del público. “Para suplir las fallas iniciales de este segundo proyecto, se requieren nuevas inversiones”, dijo la entidad, que abrió una indagación preliminar para cuantificar el posible daño fiscal de las obras y de las nuevas que necesite realizar.
Igualmente, el organismo de control fiscal dice que estas irregularidades ya habían sido puestas de presente en un estudio que, entre otras cosas, pretendía evaluar la gestión presupuestal de la Rama Judicial y su capacidad para resolver inconvenientes. En dicho estudio, la entidad encontró que entre 2013 y 2016 se destinaron más de $402 mil millones para proyectos de infraestructura con avances inferiores al 50 % anual, lo que lleva a retrasar la culminación de los proyectos y la prestación de los servicios.
“Quedó claro, entonces, que la deficiente gestión contractual del Consejo Superior de la Judicatura en materia de infraestructura abarcaba desde la planeación de las inversiones hasta la débil labor de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos”, detalló la Contraloría.
Las irregularidades detectadas en los casos de Soacha y Zipaquirá, concluyó la Contraloría, no solo comprometen los resultados esperados en la inversión, sino que afectan la posibilidad de que las comunidades accedan a un eficiente y oportuno servicio de justicia, ante la imposibilidad de contar con las sedes construidas para tal fin.
Por Redacción Judicial
