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El Consejo de Estado ha ordenado a la Contraloría General de la República reparar los daños causados al exgobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, como consecuencia de su suspensión provisional del cargo en 2011. La suspensión, que se prolongó por 3 meses y 10 días, fue impuesta en el marco de una investigación fiscal relacionada con el contrato de concesión No. 1 de 2006. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que la medida fue adoptada sin cumplir con los requisitos de necesidad y temporalidad exigidos por la ley.
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La decisión fue tomada en septiembre de 2011, cuando la Contraloría General decidió suspender temporalmente a Aristizábal bajo el argumento de evitar una posible alteración de pruebas en la investigación fiscal que se llevaba a cabo en su contra. La investigación giraba en torno a presuntas irregularidades en el contrato de concesión, en el cual se habría evidenciado un detrimento patrimonial. El proceso fiscal concluyó sin sanciones para el exgobernador, ya que el concesionario involucrado asumió los costos del daño económico generado, lo que resultó en la finalización de la investigación.
El exgobernador presentó un recurso de reparación directa, argumentando que tanto la investigación como su suspensión provisional fueron injustificadas y le causaron un daño irreparable, al impedirle continuar con su mandato y afectar su carrera política. Aunque el Consejo de Estado consideró que la investigación fiscal era una proceso que el exgobernador debía tener, dado que se probó el detrimento patrimonial, concluyó que la suspensión provisional fue innecesaria.
El alto tribunal determinó que la Contraloría no presentó pruebas suficientes para justificar que la permanencia de Mario Aristizábal en su cargo representara una amenaza para la integridad de las pruebas en el proceso. De acuerdo con la sentencia, no se demostró la inminencia de afectación a los elementos materiales probatorios, ni se evidenció que la aplicación de medidas menos restrictivas hubiera sido ineficaz.
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El fallo también subraya que la medida cautelar adoptada por la Contraloría impidió al exgobernador finalizar el periodo de gobierno, afectando tanto su derecho a ejercer el cargo como su imagen pública y reputación. Esto llevó al Consejo de Estado a acceder parcialmente al recurso de Aristizábal, reconociendo que el daño causado por la suspensión injustificada debía ser reparado. La Contraloría General de la República deberá indemnizar a Mario Aristizábal por los perjuicios ocasionados, con la suma de $107 millones.
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