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Un estudio de la Contraloría pone de presente los millonarios intereses moratorios que el Estado colombiano debe reconocer al momento de pagar las condenas en el Sector Defensa, Justicia y Seguridad. Según el ente de control, los intereses en vigencia 2017 ascendieron a los $191.887 millones, lo que corresponde al 44% del total pagado ($624.304 millones). (Lea también: Condenan a la Nación por falso acusado en atentado de El Nogal)
En esa vigencia, el organismo de control fiscal revisó los pagos de condenas por entidades y encontró los siguientes resultados: el Ministerio de Defensa pagó $230.776 millones, la Policía Nacional $118.557 millones, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil $68.034 millones y el Consejo Superior de la Judicatura $61.223 millones.
Al desagregar los intereses moratorios pagados por estas entidades, la Contraloría dice que el Ministerio de Defensa pagó $97.732 millones, la Policía Nacional $40.986 millones y el Consejo Superior de la Judicatura $17.450 millones. “En el caso del Ministerio de Defensa, por cada $100 millones pagados por condenas, pagó $73 millones adicionales por concepto de intereses moratorios”, precisó la entidad. (Le sugerimos: Carlos Felipe Córdoba: la nueva cara del control fiscal)
La Contraloría igualmente asegura que, a diciembre 31 de 2017, las entidades de este sector dejaron sentencias y conciliaciones pendientes de pago por $5,4 billones, mientras que los recursos apropiados para todas las entidades –del Presupuesto General de la Nación– fueron de $919.273 millones. Esto, de acuerdo con la entidad, “equivalente al 17% de lo adeudado sólo por las entidades del sector, lo que lleva a que cada día se incrementen los intereses de mora”.
“Prueba del grave problema que implica las apropiaciones presupuestales por debajo del monto de las sentencias y conciliaciones ejecutoriadas, se evidencia con la desagregación del déficit acumulado, donde de los $5,4 billones pendientes de pago en el sector, $1,8 billones corresponden a intereses moratorios. Esto equivale a que por cada $100 millones que deben cancelarse por concepto del fallos o acuerdos conciliatorios, se deben pagar $50 millones adicionales por concepto de intereses moratorios”, precisa la Contraloría. (Le podría interesar: “El Estado no tiene por qué responder por todo”: Agencia Jurídica del Estado)
El análisis de la Contraloría también asegura que el valor total de las pretensiones económicas registradas por las entidades públicas de los órdenes nacional y territorial ascendió a $4.690 billones, en vigencia 2017. La Contraloría explica que el sector que tiene mayores pretensiones en contra del Estado es el Social con $3.041 billones, seguido por Defensa, Justicia y Seguridad con $1.220 billones, Gestión Pública con $174,8 billones y Minas con $80,8 billones.
Por Redacción Judicial
