La Contraloría General de la República informó hallazgos fiscales por COP 8.839 millones relacionados con la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias de 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
En la auditoría, el ente de control identificó un total de 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria. Entre las principales irregularidades, se evidenciaron problemas en la “administración de bienes y en la ejecución de los procedimientos de desalojos; insuficiencia de controles en los mecanismos de seguimiento a los depositarios, y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas involucradas en los procesos misionales”.
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Entre los hallazgos encontrados en la entidad administrada por Amelia Pérez, se detectaron contratos de arrendamiento vigentes sin pólizas, subarriendos no autorizados, descuentos improcedentes y falta de control sobre reparaciones y obligaciones de los arrendatarios.
En cuanto a vehículos bajo administración de la SAE, se evidenciaron deficiencias en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización, con pérdidas de valor y almacenamiento en patios por más de seis años, generando costos de bodegaje por COP 1.090 millones entre 2021 y 2025.
Entre los hallazgos de la Contraloría para el periodo 2021-2025 se encuentra el pago de hasta COP 68,4 millones por el almacenamiento de un camión que, en teoría, debería haber sido comercializado por la SAE. Este caso no es aislado: en total, son 113 vehículos por los que se desembolsan mensualmente sumas significativas de dinero.
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Finalmente, la Contraloría “evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por las SAE para eliminar las causas que originaron los hallazgos” y hará seguimiento al plan de acciones y metas correctivas o preventivas que deberá seguir la SAE.
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