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La Contraloría General de la Nación estableció, como medida cautelar dentro del proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de los dineros del Plan de Alimentación Escolar del departamento y el distrito de Santa Marta, el embargo de las cuentas de la gobernadora Rosa Cotes de Zuñiga y el exalcalde de la ciudad Carlos Caicedo Omar.
El ente de control hizo extensiva la medida contra de la firma Alimentos del Valle S.A., María Rubiela Gómez de Molano y Carlos Payares Rodríguez, quien funge como coordinador del PAE en Magdalena. El embargo, también cobijó a Ingris Padilla García, actual directora de promoción social, inclusión y equidad de la Alcaldía de Santa Marta (anteriormente secretaria de Educación) y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Asocialimentarse. (Le puede interesar: Abren proceso fiscal contra Gobernación del Magdalena por irregularidades en el PAE)
El viacrucis sobre el tema del PAE, tanto en la Gobernación actual como en la Alcaldía pasada, inició cuando la Contraloría encontró presuntas irregularidades en la ejecución del PAE en el departamento por más de $3.000 millones. De ese valor, $2.000 millones recaen en la cabeza de la gobernadora, lo que generó un proceso de responsabilidad fiscal que está en curso. En el caso del exalcalde y excandidato presidencial Carlos Caicedo Omar, la cuantía establecida por el órgano fiscal inicialmente –como una estimación sin indexar- está por alrededor de los $1.206 millones.
En los documentos que fueron enviados al tesorero del Magdalena y a entidades bancarias y, entre otros, la gerente departamental de la Contraloría, Luisa Fernanda Romero Nieto, y los contralores provinciales, José Antonio Lafaurie Albericco y Diego Alejandro Vargas Báez, advierten que la solicitud de embargo debe hacerse de forma automática. (Lea también: Las mafias de la alimentación escolar)
Uno de los afectados Carlos Payares, coordinador del PAE del Magdalena, aseguró que en lo que al Gobierno compete tienen todos los soportes para demostrar todo lo contrario a lo que esgrime la investigación del ente de control, pero que será su abogado Jaime Lombana quien aclare la situación. “Lo del embargo es una medida cautelar en relación a una parte del sueldo que queda en depósito. Aquí se está hablando de un presunto detrimento y se lleva a cabo a través de un proceso ordinario, tenemos todos nuestros soportes y otros que estamos adjuntando para entregar a nuestro abogado, así que esperaremos con fe la hora de la versión libre”, sostuvo el funcionario.
Hasta el momento, ni la gobernadora Rosa Cotes ni el exalcalde Carlos Caicedo Omar, se han pronunciado al respeto.
Por Edgar Salas Ballesteros - Santa Marta - @edgarjsalas
