Contratación "prepago"

Empresarios que entregaron $100 millones a la campaña de Juan Manuel Llano Uribe para la Alcaldía de Manizales, en el 2007, se beneficiaron en los tres años siguientes con 60 contratos que sumaron $4.200 millones. En promedio, una inversión con rentabilidad del 4.000%.

Una de las empresas generosas con la campaña fue la Organización Terpel, dedicada a la distribución de combustible, que entregó $15 millones y recibió contratos por casi $1.000 millones. Otro fue Alberto Álvarez López, reconocido comerciante de computadores que aportó $5 millones y recibió contratos por $532 millones.

La administración de esta ciudad, de casi 400 mil habitantes, contó entre 2008 y 2010 con cerca de $600 mil millones para invertir en el municipio, de los que, al menos el 0,7% se entregó a los que financiaron la campaña con aportes o préstamos. Esto se establece al cruzar las cuentas de campaña, reportadas por el mandatario a las autoridades electorales, y registros de la contratación municipal.

Hay instituciones como la Corporación Cívica de Caldas que cuestiona este tipo de negocios, al considerarlos un acto indebido. De acuerdo con Patricia del Pilar Ruiz, Directora de la entidad dedicada a temas de transparencia, esta es una forma más de corrupción y de pagar favores con el dinero de la ciudadanía. “Ahí no median criterios de selección objetiva y transparencia. Es una práctica antiética, que atenta contra la moralidad administrativa. Hay  interés indebido”.

Agrega Ruiz que es evidente que el apoyo se da en espera de un favor y luego poder chantajear a los mandatarios. Advierte que, pese a ello, no existen muchos procesos judiciales, porque descubrir a los peces gordos es difícil. “Muchas veces no aparecen directamente y lo hacen a través de otras personas, para no ser visibles”.

Algo normal

Pese a los cuestionamientos, los que participan de estas prácticas lo ven normal y legal. Por ejemplo, el mandatario Llano Uribe dice estar tranquilo, que todo se hizo ajustado a la ley, porque todos los que aportaron en su campaña quedaron registrados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la contratación se hizo como ordena la ley. “Ninguno de los contratos fue a dedo, ni violando las reglas”, indicó.

Por su parte, el empresario Alberto Álvarez López (ver Zar de los PC oficiales), quien reconoce sus aportes a campañas y el ser contratista del Estado, dijo que entre ambas actividades no existe relación. “He sido contratista de empresas públicas y privadas por 15 años. He participado como cualquier persona, con derecho a competir por la contratación pública y a elegir si aporto o no dinero a campañas”.

Incluso, funcionarios de la Administración municipal lo ven usual. Un empleado de la Alcaldía de Manizales y del mismo grupo político del Alcalde, que pidió reservar su nombre para conservar su empleo, indicó que esta situación es normal. “Quienes apoyan a un candidato esperan retribución. En la política es común que quienes trabajan o apoyan financieramente una campaña, tengan prioridad sobre otros. Cómo se les entregan los contratos lo desconozco”.

En apariencia no existe delito, pues en los contratos identificados en el cruce de las bases es difícil hallar evidencias sobre un posible interés indebido en los procesos contractuales de los que financian campañas, especialmente cuando al escudriñar los registros de la contratación se encuentra una modalidad común: presupuestos pequeños y adjudicados de forma directa, que tienen menos procesos y controles que la licitación pública.

A esto se suma, que en algunos casos es imposible rastrear a fondo, ya que los candidatos sólo reportan ante el CNE los gastos desde la inscripción hasta el día de elecciones. Muchas cuentas no entran en la contabilidad oficial, lo que deja por fuera del alcance de la lupa a unos contratistas.

Aquellos que se especializan en apoyar campañas, saben que este proceder  no es tan inocente como lo quieren hacer ver los políticos. Al menos eso es lo que se desprende de las palabras con las que un contratista corrupto de Bogotá le describió a la revista Semana (edición 1505, marzo de 2011) cómo acceder a la contratación. “El origen de toda la corrupción está en la campaña electoral. Hay contratistas que dan plata a los candidatos y hay otros que dan plata y votos. Al final los contratistas terminan sometiendo al elegido. Es sencillo…”, indicó este personaje, quien pidió reserva de nombre, para evitar una investigación.

Pocas sanciones

La declaración deja ver que el caso de Manizales no es único y es una práctica que las autoridades ya tienen detectada. Sin embargo, pocos procesos han terminado con sanción penal. Según la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, en el caso del alcalde Llano Uribe no existen investigaciones abiertas en este aspecto, ni se han registrado quejas por incumplimientos en los contratos que adjudicó a sus benefactores.

Sin embargo, aunque escasos, en el país sí existen ejemplos de investigaciones por estos casos. Uno de ellos es el de la Gobernación del departamento de Caldas (Ver recuadro Caso Gobernador de Caldas), contra la que pesan investigaciones disciplinarias y fiscales en cabeza del titular, Mario Aristizábal, por supuestamente beneficiar con contratos a sus financiadores.

Ese apoyo de los corruptos no es para cualquier candidato. Según indicó el mismo empresario que habló con la revista Semana, buscan aquellos con la posibilidad de acceder a cargos en los que pueden ejecutar recursos de forma directa y tener el manejo de entes descentralizados. En resumen: alcaldías y gobernaciones.

La falta de normas claras permitió que esta práctica hiciera carrera en el país. El sistema es como comprar una “contratación prepago”. Así tienen, en parte, garantizada su participación de la torta de los recursos públicos. Según el Código Penal Colombiano, podría configurarse interés indebido en la celebración de contratos.

Para intentar ponerle freno, el presidente de la República sancionó el pasado 12 de julio el Estatuto Anticorrupción que, entre sus puntos, establece que aquellos que financien la campaña de un candidato, en caso de que resulte electo, quedan inhabilitados para contratar con la administración de la persona a la que apoyaron económicamente. “Es una medida para limpiar nuestra política”, indicó el presidente Juan Manuel Santos sobre este punto del Estatuto.

A partir de las elecciones locales de octubre, la puerta a este tipo de prácticas parece quedar cerrada con el nuevo estatuto anticorrupción que empieza a regir en el país.

Pese a que los “contratistas prepago” insisten en que detrás de esta práctica no hay delito, la pregunta que queda es: si era tan legal, ¿por qué el propio presidente Santos la señaló como conducta impropia y quedó prohibida en la ley? Sencillamente, porque no estaba bien.

Caso Gobernador de Caldas

En el país son pocas las investigaciones relacionadas con el posible direccionamiento de contratos para favorecer aportantes de campañas. Sin embargo, en Caldas existe una disciplinaria contra el gobernador Mario Aristizábal Muñoz, que cursa en Procuraduría General.El Ministerio Público halló indicios serios de que Aristizábal Muñoz usó una entidad de economía mixta para adjudicar contratos a quienes lo financiaron en el 2007. El intermediario fue el Fondo Mixto para la Cultura, que cuenta con recursos públicos, pero se rige por el derecho privado a la hora de contratar. La modalidad consistía en que la administración o sus dependencias firmaban convenios con este Fondo, que cobraba comisión por encargarse de la contratación. Al tener el manejo de los recursos y al ser de economía mixta, los podía ejecutar sin la vigilancia de los entes de control.

Zar de los PC oficiales

Al revisar las cuentas que Llano Uribe presentó ante el CNE se encuentra un benefactor particular: Alberto Álvarez López. Hoy es de los principales distribuidores de computadores para el sector oficial en Caldas y ha apoyado varias campañas.

En él se podría evidenciar que su aporte podría ser más negocio que convicción política, pues aportó en 2007 a la campaña del alcalde de Manizales y al mismo tiempo a la del actual gobernador de Caldas, Mario Aristizábal. Ambos de partidos que podrían catalogarse de opuestos.

Álvarez López hoy tiene una próspera empresa que en los últimos tres años ha vendido casi $20 mil millones, parte haciendo negocios con el sector oficial.

Empezó como empresa unipersonal el 10 de agosto de 1994 para la “compra y venta de equipos de cómputo y asesoría en montaje de información”. Desde entonces ha trabajado como único dueño. En 15 años ha edificado una exitosa compañía.

Así lo demuestran sus reportes financieros a la Cámara de Comercio de Manizales. El día de su inscripción reportó activos por $8 millones, con patrimonio de $4 millones y pasivo por $4 millones. En sus dos primeros años reportó ventas por $700 millones. Año tras año creció hasta llegar el pasado a tener ingresos operacionales por casi $10 mil millones, un incremento cercano al 1.400%. (Ver cuadro de crecimiento).

Este aportante aparece como contratista en las administraciones de Manizales y Caldas, algo que ha logrado gracias a sus buenas relaciones públicas y al prestigio como comerciante. Con la Alcaldía de Manizales se conocen tres contratos entre 2008 y 2010, que suman casi $532 millones, bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía.

Otro distribuidor de computadores de Manizales y una jefa de sistemas de una empresa privada (que pidieron reservar su nombre) lo describieron como el principal surtidor en la capital caldense. “Todos los contratos se los gana. Está muy bien conectado. Vende muy bien”.

Se convirtió en el principal surtidor de computadores, licencias y otros equipos para los colegios y las oficinas de la administración local. También lo hizo con la actual Gobernación de Caldas, con la que directamente ha tenido contratos por $500 millones, y con otras entidades oficiales como Infimanizales, Inficaldas, Corpocaldas, Industria Licorera de Caldas y Fondo Mixto de Cultura.

Es socio capitalista de Core Solutions de Occidente y está reportado como miembro de la junta directiva de Inversiones Varuna S. A., quizás el cargo que lo tiene más cercano al poder político local. Esta empresa es del prófugo Carlos Arturo Fehó Moncada, quien por un lado es socio de la familia del actual alcalde Llano y, por el otro, muy cercano al actual Gobernador Mario Aristizábal Muñoz. Fehó fue gerente de la Industria Licorera de Caldas y hoy huye de la justicia, tras ser condenado por actos de corrupción.