Publicidad
20 Jan 2021 - 9:21 p. m.

Controversia: Corte Suprema niega que número de cuenta bancaria sea dato sensible

Un amplio debate generó un fallo en el que el alto tribunal valida una actuación de la Fiscalía, la cual solicitó el número de cuenta bancaria de una persona sin previa autorización de un juez. El Espectador consultó a varios abogados penalistas que coincidieron en que la decisión de la Corte atenta contra el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Estos son sus argumentos.
El fallo de la Corte Suprema se dio en medio de la investigación penal que avanza en contra del juez civil de circuito de Barranquilla, Dilio Cesar Maldonado Manotas (foto de referencia).
El fallo de la Corte Suprema se dio en medio de la investigación penal que avanza en contra del juez civil de circuito de Barranquilla, Dilio Cesar Maldonado Manotas (foto de referencia).
Foto: Getty Images/iStockphoto - SARINYAPINNGAM

A dos días de que se conociera el primer caso de COVID-19 al país, lo cual ocurrió el 4 de marzo de 2020, la Corte Suprema de Justicia emitió una controversial sentencia que pasó de agache mientras el virus empezaba a extenderse rápidamente, acaparando la atención de todos los colombianos, quienes continúan lidiando con una pandemia que ha causado 49.402 muertes a la fecha. Sin embargo, un abogado llamado Alejandro Sánchez sacó a la luz el fallo, que despertó una amplia controversia relacionada con el derecho a la intimidad de los ciudadanos, pues aprueba que la Fiscalía, y de paso los abogados, accedan a datos bancarios de cualquier ciudadano sin previa orden de un juez. (Le puede interesar: Corte Suprema de Justicia tumba proceso por violencia sexual por error de la Fiscalía)

El caso que provocó el pronunciamiento de la Corte es el que avanza en el Tribunal Superior de Barranquilla contra el juez civil Dilio Cesar Maldonado Manotas, acusado por prevaricato y peculado por apropiación en favor de terceros a raíz de un proceso ejecutivo que resolvió entre la sociedad Asistencia Médica Inmediata, Amedi, (demandante) Ltda., y Caprecom seccional Atlántico (demandada). El 17 junio de 2013, Maldonado -de forma presuntamente irregular- levantó el embargo de más de mil millones de pesos ($1.321.000.000) para que le fueran entregados al abogado Enrique Jiménez Luquez como apoderado judicial de Caprecom.

Síguenos en Google Noticias

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.