Controversia por beneficios otorgados a Adolfo Castillo en caso DNE

Las víctimas de Adolfo Castillo y Deibin Róbinson Sánchez, los dos hombres que figuran como los nuevos testigos claves para armar el rompecabezas del escándalo en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), siguen insistiendo en que el principio de oportunidad que les otorgaron (un acuerdo para recibir beneficios penales a cambio de darle información a la justicia) generará impunidad. Su principal reclamo es que nunca les consultaron sobre el tema y que Castillo no actuó honestamente porque, mientras se comprometió a reparar a las víctimas con tan sólo $250 millones, él mismo demandó al Estado en 2014 por $27.000 millones por haber tenido que devolver los bienes que le había arrendado a la DNE. Sin embargo, su abogado, Carlos Godoy, quien presentó la demanda, aseguró que desde hace 30 días tiene la orden de retirarla. (Ver: Los testigos que desenredarían el caso DNE)

Los problemas que causó el principio de oportunidad de Adolfo Castillo y Deibin Róbinson Sánchez llegaron hasta el despacho de la vicesfiscal, María Paulina Riveros. Si bien para la Fiscalía es de vital importancia la información que entregarán los dos testigos, pues con ella lograría robustecer la investigación contra David Francisco Neira —señalado de ser la piedra angular de los negocios irregulares en la DNE—, una asesora de Riveros le pidió a la fiscal del caso que desistiera de la solicitud del principio de oportunidad. La razón es que en el despacho consideran que no se había tenido en cuenta a las víctimas y que la demanda de Castillo contra el Estado era un impedimento para negociar beneficios jurídicos. (Ver: Los Alvarado, en la quiebra por la DNE)

La historia de Adolfo Castillo comenzó en enero de 2010, cuando la DNE decidió tenerlo en cuenta para ser depositario de bienes incautados a la mafia. Según la Fiscalía, lo logró luego de pagar una comisión de $3.000 millones a David Neira y Eladio Borrero, otro de los intermediarios. Su primer negocio con la DNE llegó en abril de 2010, cuando fue designado depositario de una serie de estaciones de servicio que pertenecían a sociedades de la familia Alvarado, a quienes se les había iniciado un proceso de extinción de dominio.

Las sociedades Movilgás Limitada y Estaciones de Servicio Alvarado y Compañía, sociedad en comandita, propiedad de la familia Alvarado, pasaron a manos de Casamotor, la empresa de Adolfo Castillo, luego de una resolución firmada por el exsubdirector de Bienes de la DNE, Luis Fernando Sáchica. Sin embargo, dice la Fiscalía, al ver que el negocio de ser depositario no le generaba la rentabilidad que esperaba, Castillo movió sus fichas a través de Neira para que seleccionaran a otro administrador y así él pudiera convertirse en un arrendador de los inmuebles.

El 30 de junio de 2010, la DNE nombró a Petroquality como nuevo depositario de los bienes de la familia Alvarado. La Fiscalía descubrió que ese mismo día el representante legal de la empresa, Óscar Buitrago, le entregó un poder a Eladio Borrero –el socio de Neira– para representar a Petroquality en una junta extraordinaria de socios de las sociedades de la familia Alvarado. El encuentro se dio el 6 de julio y Borrero logró que se decidiera en asamblea que las estaciones de servicio se arrendarían. Por tal motivo, contrataron a la inmobiliaria Bienco S.A. para que hiciera un avalúo de las sociedades y así cotizar el valor del arriendo.

Según la Fiscalía, la firma Bienco S.A. entregó un avalúo para acomodar cifras que les fueran convenientes a Castillo y Casamotor. Se pactó que el arrendamiento por cinco años sería por $6.046 millones en total. La investigación determinó que la estrategia consistió en que Castillo, en vez de recibir un 8 % de utilidades como depositario, pagaría de alquiler casi $100 millones y se quedaría con $272 millones de ganancias: más del 70 % de las utilidades. El negocio se vino a pique el 27 de enero de 2011, cuando la Fiscalía cerró el proceso de extinción de dominio.

Entonces se ordenó devolver los bienes a la familia Alvarado y comenzaron los problemas. Casamotor, la empresa de Adolfo Castillo, alegó que existía un contrato de arrendamiento por cinco años y que ningún juez lo había anulado, por lo que no tenía que devolver las estaciones de servicio. Gerardo Alvarado denunció las irregularidades que se gestaron desde la DNE el 27 de febrero 2011 y presentó una tutela para recuperar sus inmuebles. El 7 de julio de ese mismo año el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio le dio la razón.

Casamotor apeló y el 25 de agosto de 2011 se ratificó la decisión en segunda instancia. Ordenaron devolver las estaciones de servicio en 48 horas. Tres años más tarde, el Tribunal Administrativo del Meta admitió una demanda de reparación directa contra el Estado interpuesta por Casamotor, en la que se argumentaba que con la decisión del juzgado de Villavicencio se le habían ocasionado serio perjuicios económicos al finalizar abruptamente el contrato de arrendamiento, pues se trataba de “actos administrativos que gozan de presunción de legalidad y que no han sido anulados, ni suspendidos por la jurisdicción del contencioso administrativo”.

Por estos hechos, Casamotor pidió que lo indemnizaran con una suma de $27.600 millones, pues se trataba de un contrato que había sido autorizado por la DNE y en una asamblea de socios que, cabe recordar, fue liderada por Eladio Borrero, uno los hombres que habrían recibido comisión por este negocio y que es investigado por la Fiscalía. En la demanda, Casamotor sostuvo que en una resolución de marzo de 2011 de la DNE se ordenaba gestionar la cesión del contrato de arrendamiento y que la ley indicaba que si decretaba “la devolución sobre un bien arrendado por la DNE, el contrato continuará hasta el vencimiento del plazo pactado, sin perjuicio de las provisiones sobre la terminación anticipada”.

La petición de reparación por $27.600 millones salió de un estudio de proyección financiera que ordenó Casamotor, en el que demostró que en los 11 meses que ejecutó el contrato tuvo ganancias por más de $4.000 millones. Según el abogado de víctimas en el proceso penal contra Adolfo Castillo, Pedro Carranza, la demanda contra el Estado y la falta de voluntad para reparar a las víctimas era uno e los argumentos para oponerse al principio de oportunidad. Aseguró que no era posible que la Fiscalía asegurara que la reparación era de $250 millones cuando la misma empresa Casamotor admitió que obtuvo ganancias por miles de millones.

Asimismo, consideró que para que Adolfo Castillo fuera beneficiario de un principio de oportunidad, Casamotor debía quitar un embargo que tenía sobre Movilgás por una factura que no había pagado a la hora de devolver los bienes y que ascendía a $100 millones. El abogado Carranza enfatizó que las víctimas no fueron consultadas por la Fiscalía sobre lo que se estaba negociando, pues si bien algunas de ellas fueron citadas, nunca se les mostró el principio de oportunidad final, en el que Castillo sólo se comprometía a reparar con $250 millones y no con los casi $9.000 millones que, según ellos, fue la cifra del desfalco.

Los abogados de víctimas le dijeron a este diario que denunciaron penalmente a la fiscal del caso, Alejandra Castaño, por prevaricato, porque supuestamente no imputó los delitos que eran, no renovó la orden de captura que existía contra Adolfo Castillo –que terminó venciéndose en marzo de este año y por esa razón volvió del exterior a negociar con la Fiscalía– y por decir que los perjuicios económicos causados eran tan sólo de $250 millones. Finalmente, Carranza aseguró que a través de una tutela intentarán tumbar el principio otorgado a Castillo y que, de no lograrlo, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al ser consultado sobre el tema, el abogado de Casamotor, Carlos Godoy, aseguró que desde hace más 30 días recibió la orden de retirar la demanda, pero que por motivos personales no lo ha podido hacer. Agregó que la próxima semana irá hasta Villavicencio a solucionar el problema. Fuentes consultadas precisaron que esa demanda se presentó mucho antes de que iniciara el proceso penal y la negociación con la Fiscalía. En pocas palabras, que uno de los compromisos para acceder al principio de oportunidad era desistir del reclamo por $27.600 millones contra el Estado.

También, manifestaron que el tema del embargo a Casamotor es totalmente ajeno a la situación de Adolfo Castillo, pues se trata del cobro de una deuda. Supuestamente, cuando se devolvieron las estaciones de servicio, Casamotor dejó combustible en los tanques, por lo que generó una factura de cobro a Movilgas. Ahora, los defensores de los Alvarado se niegan a cumplir con esa obligación al asegurar que cuando les quitaron los inmuebles dejaron los depósitos con gasolina y nadie les respondió. Mientras Casamotor considera que ese problema se debe solucionar con la extinta DNE –hoy sociedad de Activos especiales– y que Movilgas debe pagar la deuda, Pedro Carranza cree que debe ser un acto de buena fe con las víctimas y renunciar al cobro de esa factura.

Al margen de esta pelea, lo que más está en juego es la posibilidad de llevar ante la justicia a David Francisco Neira, un hombre que ha sido señalado por varios testigos claves del caso DNE —como Camilo Bula y el exdirector de la entidad Ómar Figueroa— de ser la mano derecha de Carlos Albornoz, el exdirector de la DNE. Para la Fiscalía las pruebas aportadas por Adolfo Castillo y Deibin Rojas son la puerta que abre la posibilidad de imputarle cargos a Neira, quien también habría sido intermediario de los congresistas implicados en el escándalo y de conseguir los clientes que pagarían por ser administradores de bienes de la mafia.

Al parecer, David Neira también está siendo investigado por un proceso de lavado de activos en el que se habría logrado interceptar comunicaciones en las que fueron mencionados sus principales socios. Se trataría de unas personas que prestaron sus empresas para ocultar los bienes que Neira habría comprado con la plata obtenida de las irregularidades de la DNE. Es más, entre las pruebas que entregaron Castillo y Rojas, habría un giro que se hizo a través de una firma de ingenieros que explota una cantera para sacar materiales de construcción en la localidad de Usme en Bogotá.

Sin embargo, el ambiente entre la Fiscalía y Adolfo Castillo no es el mejor. Si bien se logró aprobar el principio de oportunidad, el ente investigador se negó a solicitar una audiencia para revocar la medida de aseguramiento en su contra. Fuentes cercanas al testigo manifestaron que se trata de un absurdo, pues no habría razón para que Castillo colaborara desde prisión, donde, según ellos, es más vulnerable a presiones y su riesgo de morir aumenta por el tipo de información que está entregando. Finalmente, se conoció que uno de los personajes que Castillo puso contra las cuerdas está buscando negociar con la Fiscalía.

Las víctimas de Adolfo Castillo y Deibin Róbinson Sánchez, los dos hombres que figuran como los nuevos testigos claves para armar el rompecabezas del escándalo en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), siguen insistiendo en que el principio de oportunidad que les otorgaron (un acuerdo para recibir beneficios penales a cambio de darle información a la justicia) generará impunidad. Su principal reclamo es que nunca les consultaron sobre el tema y que Castillo no actuó honestamente porque, mientras se comprometió a reparar a las víctimas con tan sólo $250 millones, él mismo demandó al Estado en 2014 por $27.000 millones por haber tenido que devolver los bienes que le había arrendado a la DNE. Sin embargo, su abogado, Carlos Godoy, quien presentó la demanda, aseguró que desde hace 30 días tiene la orden de retirarla. (Ver: Los testigos que desenredarían el caso DNE)

Los problemas que causó el principio de oportunidad de Adolfo Castillo y Deibin Róbinson Sánchez llegaron hasta el despacho de la vicesfiscal, María Paulina Riveros. Si bien para la Fiscalía es de vital importancia la información que entregarán los dos testigos, pues con ella lograría robustecer la investigación contra David Francisco Neira —señalado de ser la piedra angular de los negocios irregulares en la DNE—, una asesora de Riveros le pidió a la fiscal del caso que desistiera de la solicitud del principio de oportunidad. La razón es que en el despacho consideran que no se había tenido en cuenta a las víctimas y que la demanda de Castillo contra el Estado era un impedimento para negociar beneficios jurídicos. (Ver: Los Alvarado, en la quiebra por la DNE)

La historia de Adolfo Castillo comenzó en enero de 2010, cuando la DNE decidió tenerlo en cuenta para ser depositario de bienes incautados a la mafia. Según la Fiscalía, lo logró luego de pagar una comisión de $3.000 millones a David Neira y Eladio Borrero, otro de los intermediarios. Su primer negocio con la DNE llegó en abril de 2010, cuando fue designado depositario de una serie de estaciones de servicio que pertenecían a sociedades de la familia Alvarado, a quienes se les había iniciado un proceso de extinción de dominio.

Las sociedades Movilgás Limitada y Estaciones de Servicio Alvarado y Compañía, sociedad en comandita, propiedad de la familia Alvarado, pasaron a manos de Casamotor, la empresa de Adolfo Castillo, luego de una resolución firmada por el exsubdirector de Bienes de la DNE, Luis Fernando Sáchica. Sin embargo, dice la Fiscalía, al ver que el negocio de ser depositario no le generaba la rentabilidad que esperaba, Castillo movió sus fichas a través de Neira para que seleccionaran a otro administrador y así él pudiera convertirse en un arrendador de los inmuebles.

El 30 de junio de 2010, la DNE nombró a Petroquality como nuevo depositario de los bienes de la familia Alvarado. La Fiscalía descubrió que ese mismo día el representante legal de la empresa, Óscar Buitrago, le entregó un poder a Eladio Borrero –el socio de Neira– para representar a Petroquality en una junta extraordinaria de socios de las sociedades de la familia Alvarado. El encuentro se dio el 6 de julio y Borrero logró que se decidiera en asamblea que las estaciones de servicio se arrendarían. Por tal motivo, contrataron a la inmobiliaria Bienco S.A. para que hiciera un avalúo de las sociedades y así cotizar el valor del arriendo.

Según la Fiscalía, la firma Bienco S.A. entregó un avalúo para acomodar cifras que les fueran convenientes a Castillo y Casamotor. Se pactó que el arrendamiento por cinco años sería por $6.046 millones en total. La investigación determinó que la estrategia consistió en que Castillo, en vez de recibir un 8 % de utilidades como depositario, pagaría de alquiler casi $100 millones y se quedaría con $272 millones de ganancias: más del 70 % de las utilidades. El negocio se vino a pique el 27 de enero de 2011, cuando la Fiscalía cerró el proceso de extinción de dominio.

Entonces se ordenó devolver los bienes a la familia Alvarado y comenzaron los problemas. Casamotor, la empresa de Adolfo Castillo, alegó que existía un contrato de arrendamiento por cinco años y que ningún juez lo había anulado, por lo que no tenía que devolver las estaciones de servicio. Gerardo Alvarado denunció las irregularidades que se gestaron desde la DNE el 27 de febrero 2011 y presentó una tutela para recuperar sus inmuebles. El 7 de julio de ese mismo año el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio le dio la razón.

Casamotor apeló y el 25 de agosto de 2011 se ratificó la decisión en segunda instancia. Ordenaron devolver las estaciones de servicio en 48 horas. Tres años más tarde, el Tribunal Administrativo del Meta admitió una demanda de reparación directa contra el Estado interpuesta por Casamotor, en la que se argumentaba que con la decisión del juzgado de Villavicencio se le habían ocasionado serio perjuicios económicos al finalizar abruptamente el contrato de arrendamiento, pues se trataba de “actos administrativos que gozan de presunción de legalidad y que no han sido anulados, ni suspendidos por la jurisdicción del contencioso administrativo”.

Por estos hechos, Casamotor pidió que lo indemnizaran con una suma de $27.600 millones, pues se trataba de un contrato que había sido autorizado por la DNE y en una asamblea de socios que, cabe recordar, fue liderada por Eladio Borrero, uno los hombres que habrían recibido comisión por este negocio y que es investigado por la Fiscalía. En la demanda, Casamotor sostuvo que en una resolución de marzo de 2011 de la DNE se ordenaba gestionar la cesión del contrato de arrendamiento y que la ley indicaba que si decretaba “la devolución sobre un bien arrendado por la DNE, el contrato continuará hasta el vencimiento del plazo pactado, sin perjuicio de las provisiones sobre la terminación anticipada”.

La petición de reparación por $27.600 millones salió de un estudio de proyección financiera que ordenó Casamotor, en el que demostró que en los 11 meses que ejecutó el contrato tuvo ganancias por más de $4.000 millones. Según el abogado de víctimas en el proceso penal contra Adolfo Castillo, Pedro Carranza, la demanda contra el Estado y la falta de voluntad para reparar a las víctimas era uno e los argumentos para oponerse al principio de oportunidad. Aseguró que no era posible que la Fiscalía asegurara que la reparación era de $250 millones cuando la misma empresa Casamotor admitió que obtuvo ganancias por miles de millones.

Asimismo, consideró que para que Adolfo Castillo fuera beneficiario de un principio de oportunidad, Casamotor debía quitar un embargo que tenía sobre Movilgás por una factura que no había pagado a la hora de devolver los bienes y que ascendía a $100 millones. El abogado Carranza enfatizó que las víctimas no fueron consultadas por la Fiscalía sobre lo que se estaba negociando, pues si bien algunas de ellas fueron citadas, nunca se les mostró el principio de oportunidad final, en el que Castillo sólo se comprometía a reparar con $250 millones y no con los casi $9.000 millones que, según ellos, fue la cifra del desfalco.

Los abogados de víctimas le dijeron a este diario que denunciaron penalmente a la fiscal del caso, Alejandra Castaño, por prevaricato, porque supuestamente no imputó los delitos que eran, no renovó la orden de captura que existía contra Adolfo Castillo –que terminó venciéndose en marzo de este año y por esa razón volvió del exterior a negociar con la Fiscalía– y por decir que los perjuicios económicos causados eran tan sólo de $250 millones. Finalmente, Carranza aseguró que a través de una tutela intentarán tumbar el principio otorgado a Castillo y que, de no lograrlo, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al ser consultado sobre el tema, el abogado de Casamotor, Carlos Godoy, aseguró que desde hace más 30 días recibió la orden de retirar la demanda, pero que por motivos personales no lo ha podido hacer. Agregó que la próxima semana irá hasta Villavicencio a solucionar el problema. Fuentes consultadas precisaron que esa demanda se presentó mucho antes de que iniciara el proceso penal y la negociación con la Fiscalía. En pocas palabras, que uno de los compromisos para acceder al principio de oportunidad era desistir del reclamo por $27.600 millones contra el Estado.

También, manifestaron que el tema del embargo a Casamotor es totalmente ajeno a la situación de Adolfo Castillo, pues se trata del cobro de una deuda. Supuestamente, cuando se devolvieron las estaciones de servicio, Casamotor dejó combustible en los tanques, por lo que generó una factura de cobro a Movilgas. Ahora, los defensores de los Alvarado se niegan a cumplir con esa obligación al asegurar que cuando les quitaron los inmuebles dejaron los depósitos con gasolina y nadie les respondió. Mientras Casamotor considera que ese problema se debe solucionar con la extinta DNE –hoy sociedad de Activos especiales– y que Movilgas debe pagar la deuda, Pedro Carranza cree que debe ser un acto de buena fe con las víctimas y renunciar al cobro de esa factura.

Al margen de esta pelea, lo que más está en juego es la posibilidad de llevar ante la justicia a David Francisco Neira, un hombre que ha sido señalado por varios testigos claves del caso DNE —como Camilo Bula y el exdirector de la entidad Ómar Figueroa— de ser la mano derecha de Carlos Albornoz, el exdirector de la DNE. Para la Fiscalía las pruebas aportadas por Adolfo Castillo y Deibin Rojas son la puerta que abre la posibilidad de imputarle cargos a Neira, quien también habría sido intermediario de los congresistas implicados en el escándalo y de conseguir los clientes que pagarían por ser administradores de bienes de la mafia.

Al parecer, David Neira también está siendo investigado por un proceso de lavado de activos en el que se habría logrado interceptar comunicaciones en las que fueron mencionados sus principales socios. Se trataría de unas personas que prestaron sus empresas para ocultar los bienes que Neira habría comprado con la plata obtenida de las irregularidades de la DNE. Es más, entre las pruebas que entregaron Castillo y Rojas, habría un giro que se hizo a través de una firma de ingenieros que explota una cantera para sacar materiales de construcción en la localidad de Usme en Bogotá.

Sin embargo, el ambiente entre la Fiscalía y Adolfo Castillo no es el mejor. Si bien se logró aprobar el principio de oportunidad, el ente investigador se negó a solicitar una audiencia para revocar la medida de aseguramiento en su contra. Fuentes cercanas al testigo manifestaron que se trata de un absurdo, pues no habría razón para que Castillo colaborara desde prisión, donde, según ellos, es más vulnerable a presiones y su riesgo de morir aumenta por el tipo de información que está entregando. Finalmente, se conoció que uno de los personajes que Castillo puso contra las cuerdas está buscando negociar con la Fiscalía.