Corridori demanda al Estado

El polémico inversionista italiano Alessandro Corridori, hoy recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, investigado por ser el cerebro de los repos de Fabricato que terminaron descalabrando a Interbolsa en 2012, decidió demandar al Estado por $166 millones, ya que, supuestamente, sacó de su bolsillo esta suma para pagar un crédito cuando la comisionista fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades. El protagonista de este escándalo bursátil interpuso una acción de nulidad y restablecimiento de derecho porque, supuestamente, con la intervención de Interbolsa se liquidaron de manera irregular varias firmas inscritas a ésta, entre las que estaba Invertácticas S.A.S., de la que Corridori era socio mayoritario.

En una solicitud de conciliación ante la Procuraduría, Corridori reclamó que esa liquidación vulneró el derecho al debido proceso porque se habrían desconocido las normas previstas por la Bolsa de Valores de Colombia y de la Superintendencia Financiera, que determinan la manera en que debían ser valoradas las acciones de la empresa Fabricato. De manera que, al momento de la intervención, éstas fueron tasadas en $20 cuando su valor real era de $50, según alegó Corridori. Una diferencia que, se lee en el documento, le permitiría a Corridori pagar todas sus deudas. El italiano está detenido desde el pasado 27 de diciembre, pues es investigado por los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir.

Sin embargo, Corridori no es el primer involucrado en el caso Interbolsa que se ha atrevido a demandar al Estado. Ya lo había hecho Juan Carlos Ortiz en septiembre de 2013 y por una suma más ambiciosa: $294 millones. Ortiz también argumentó que se hizo una intervención irregular sobre las sociedades Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S., vinculadas a la comisionista. “No hay evidencia alguna de que Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. hubiera ofrecido o tenido contacto directo con clientes para captar recursos con destino al fondo”, señaló el documento que Ortiz presentó ante la Procuraduría en su momento, pues también buscaba una nulidad.

El polémico inversionista italiano Alessandro Corridori, hoy recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, investigado por ser el cerebro de los repos de Fabricato que terminaron descalabrando a Interbolsa en 2012, decidió demandar al Estado por $166 millones, ya que, supuestamente, sacó de su bolsillo esta suma para pagar un crédito cuando la comisionista fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades. El protagonista de este escándalo bursátil interpuso una acción de nulidad y restablecimiento de derecho porque, supuestamente, con la intervención de Interbolsa se liquidaron de manera irregular varias firmas inscritas a ésta, entre las que estaba Invertácticas S.A.S., de la que Corridori era socio mayoritario.

En una solicitud de conciliación ante la Procuraduría, Corridori reclamó que esa liquidación vulneró el derecho al debido proceso porque se habrían desconocido las normas previstas por la Bolsa de Valores de Colombia y de la Superintendencia Financiera, que determinan la manera en que debían ser valoradas las acciones de la empresa Fabricato. De manera que, al momento de la intervención, éstas fueron tasadas en $20 cuando su valor real era de $50, según alegó Corridori. Una diferencia que, se lee en el documento, le permitiría a Corridori pagar todas sus deudas. El italiano está detenido desde el pasado 27 de diciembre, pues es investigado por los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir.

Sin embargo, Corridori no es el primer involucrado en el caso Interbolsa que se ha atrevido a demandar al Estado. Ya lo había hecho Juan Carlos Ortiz en septiembre de 2013 y por una suma más ambiciosa: $294 millones. Ortiz también argumentó que se hizo una intervención irregular sobre las sociedades Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S., vinculadas a la comisionista. “No hay evidencia alguna de que Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. hubiera ofrecido o tenido contacto directo con clientes para captar recursos con destino al fondo”, señaló el documento que Ortiz presentó ante la Procuraduría en su momento, pues también buscaba una nulidad.