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El abogado Rigaúl Sanclemente, quien en 2016 fue capturado y condenado por hacer parte de una red de funcionarios judiciales que cobraba coimas para torcer fallos en procesos de restitución de tierras en el Meta, cometió ahora una falta disciplinaria, al haber asumido casos a pesar de las condenas, multas y sanciones en su contra.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción de primera instancia contra el abogado, quien asumió la representación legal de dos personas que lo contrataron para que adelantara demandas ejecutivas. Sanclemente adelantó los procesos, a pesar de haber sido condenado a más de nueve años (118 meses) de prisión y a pagar una multa de 88 salarios mínimos por el delito de concusión.
El caso contra Sanclemente tiene su génesis el 9 de junio de 2016. En ese momento, este diario registró que agentes de la Policía y del CTI de la Fiscalía General capturaron en un centro comercial de Villavicencio a Ana María Arias Trujillo, asistente del despacho judicial del juez segundo especializado de restitución de tierras de esa ciudad, Carlos Moreno Acevedo. La mujer fue detenida precisamente cuando recibía un maletín con $15 millones en efectivo.
A la par de esa captura, en otros operativos, fue capturado el juez de restitución de tierras, el auxiliar de ese despacho, Humberto Trujillo Sandoval; y quien para ese momento era el escribiente del centro de servicios de los juzgados penales del circuito especializado de Villavicencio: Rigaul Sanclemente Cardona. Según pruebas de la Fiscalía en la época, todos tenían relación con el cobro de sobornos para emitir fallos favorables en la entrega de tierras.
En ese caso, el juez fue liberado en la audiencia de control de garantías, pero los otros funcionarios fueron enviados a prisión por la gravedad de las pruebas que había en su contra. Los elementos que tenía el ente investigador en contra de los funcionarios daban cuenta de que el dinero que estaba recibiendo la mujer era para torcer la restitución de un predio de 1.800 hectáreas en el Vichada y para cuya adjudicación habrían cobrado 100 millones de pesos a un ganadero de la región.
El entonces escribiente, Sanclemente, fue condenado el 20 de septiembre de 2016 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio. El hombre, según conoció la justicia, fue el mismo abogado que a finales de abril de 2019 le recibió poder a dos ciudadanos en procesos que arrancaron en mayo y septiembre de 2019 ante los Juzgados 25 y 27 Civil de Bogotá. Desde esa época llevó los casos hasta el 21 de enero de 2021.
El abogado Sanclemente había solicitado una autorización para litigar desde 2019, pero le fue negada y volvió a intentarlo en noviembre del mismo año. Sin embargo, en marzo de 2020 le volvieron a decir que no. Ahora, por la falta, fue declarado responsable por no respetar la prohibición de ejercer la profesión estando inhabilitado.
Sanclemente, dice la Comisión de Disciplina Judicial, aceptó los poderes que le otorgaron, a pesar de saber que estaba inhabilitado para ejercer. Ante las pruebas que se habían recolectado en su contra, el exescribiente aceptó los cargos ante el despacho de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros. La togada determinó que el abogado tenía pleno conocimiento de la sanción penal en su contra, la cual le impedía litigar. Por esa razón, fue suspendido dos meses, tal cual ya lo había determinado la Comisión Seccional de Bogotá el 11 de marzo de 2024.
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