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La Corte Suprema de Justicia dio a conocer en la mañana de hoy la decisión de absolver a los exgobernadores de Magdalena, Francisco José Infante Vergara y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez, a quienes les habían formulado cargos por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Los exfuncionarios fueron señalados de por presuntamente haber cometido irregularidades para la celebración de un contrato para “la construcción y rehabilitación de distritos de pequeña y gran irrigación”. El Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) aportó para tal fin $6.800 millones.
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Una de las obras incluidas dentro del contrato era la construcción de un puente sobre el río Tucurinca, que cruza los municipios de Aracataca y Zona Bananera (Magdalena).
“Se celebró el contrato de obra 252 del 14 de diciembre de 2006 por valor de $399.602.446 y conun plazo de seis (6) meses entre Trino Luna Correa en calidad de gobernador del ente departamental y la Unión Temporal Estructuras Especiales, sin que existieran estudios de conveniencia y oportunidad, ni diseños específicos relacionados con el objeto contractual” explica el fallo.
Ese primer contrato tuvo dos adiciones. Una por $104.563.797, aprobada por el entonces gobernador encargado, Francisco Infante; y otra por $94.429.249 millones, aprobada por el gobernador electo de Magdalena, Omar Díazgranados.
La obra, según el informe de policía judicial realizado para el caso, no habría cumplido con sus objetivos, pues “no se contemplaron las rampas de acceso y, por tanto, no pudo ser utilizado para el servicio de la comunidad, contrariando ello los principios de la contratación estatal y los fines de la administración pública”.
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La investigación en contra de los dos exfuncionarios estaba abierta desde julio de 2012. En el caso de Infante, fue señalado de “construir los pilotes que no habían sido incluidos inicialmente, dejando de contemplar los accesos o aproximaciones al puente fundamentales para la terminación de la obra”.
Por su parte, Díazgranados habría incurrido en una “vulneración de los principios de planeación, economía y responsabilidad” para la celebración del mencionado contrato.
Tras estudiar el caso, el alto tribunal encontró que los exgobernadores no son responsables directos de los problemas causados por las irregularidades en la construcción del puente sobre el río Tucurinca, pues la decisión de hacer modificaciones que llevaron a las adiciones del contrato fueron un asunto de planeación del mismo.
“De haberse hecho estudios hídricos, de suelos, meteorológicos y además el diseño del puente en cuanto a su estructura y superestructura con fundamento en los resultados de esos estudios antes de convocarse a la licitación pública, muy seguramente desde el principio se habría conocido acerca de la necesidad de los pilotes, de la altura del gálibo, de las posibles crecientes y desbordamiento del río por las intensas lluvias que se avecinaban para proteger el material seleccionado del relleno”, detalla el fallo.
Y concluye que las irregularidades no son atribuibles a los mandatarios: “La Corte encuentra que los hechos generadores de la no terminación del puente derivaron en una absoluta ausencia de planeación en la etapa precontractual, no imputable a Infante Vergara y menos aún a Díazgranados Velásquez”.
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Este no es el primer enredo judicial que los exfuncionarios tienen por problemas con contrataciones. En noviembre de 2024, el mismo alto tribunal condenó al exgobernador Infante a 15 años de prisión por apropiación de recursos.
Según los resultados de la investigación, el exgobernador hizo parte de un entramado de corrupción que desvió recursos de un contrato para la toma de pruebas de detección de VIH, por $443 millones.
Por su parte, en enero de 2024 la Fiscalía imputó por corrupción a Díazgranados y anunció el inicio del proceso penal en su contra, pues, a través de un contrato de servicios para colegios, habría permitido la pérdida de hasta $2.610 millones del erario público.
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