En la vereda San Rafael del municipio de Garzón, Huila, una mujer tenía cerca de 20 perros de razas peligrosas, algunos de ellos caminando por la finca de su propiedad y vecinas, sin ningún tipo de medidas cautelares.
El 15 de junio de 2002, la menor Catalina López* fue a la casa de Adela Garrido*, la dueña de los perros, en compañía de su padre, que le había tomado en arriendo parte del terreno de la finca a Garrido. La señora le pidió que llevara 15 de los perros con él a sus labores campesinas, mientras ella lavaba la perrera.
"Poco después, mientras López se dispuso a reparar unos cercos, solicitó a su hija Catalina que se desplazara cerca de allí, con el fin de cerrar un "broche" que dejó abierto; así, en cumplimiento de la orden que para tal efecto su padre le impartió, la menor se dirigió al lugar indicado en compañía de los canes", reseñó la Sala Penal de la Corte.
Como la niña se demoró el señor López se fue a buscarla "hallándola exangüe a consecuencia de las mortales dentelladas que en su bestial ataque le infligieron varios de los fieros animales utilizados para la vigilancia de la propiedad".
Para la Corte, la culpa de la muerte de la niña no es culpa de la dueña de los perros, sino de su padre, que tiene la obligación de cuidarla y no lo hizo como era debido; "es evidente que los hechos tuvieron su génesis en el riesgo por parte del padre de la víctima, cuando tomó los animales y partió con ellos (...) y tuvieron su desenlace fatal en el momento en el que, abjurando del deber de garantía concreto respecto de su hija, permitió que ésta abandonara su esfera de vigilancia acompañada de los caninos", indica la sentencia, con ponencia del magistrado Sigifredo Espinosa.
La mujer fue condenada a 2 años de prisión y al pago de 35 millones de pesos, por el Juzgado Penal del Circuito de Garzón.
Por El Espectador
