Corte Constitucional abre la puerta a tratamientos de fertilidad con recursos públicos

La Corte Constitucional dio vía libre a un proyecto de Ley que busca que se cree una política pública para la infertilidad y que el Ministerio de Salud reglamente el acceso a tratamientos y terapias de reproducción asistida, como la fertilización in vitro, con recursos públicos. El proyecto había sido aprobado por el Congreso pero objetado por el Gobierno al estimar que representaría un alto impacto fiscal para las finanzas del Estado. Este miércoles, la Sala Plena declaró infundadas las objeciones y para que esta iniciativa cobre vida, solo faltará la sanción presidencial.

Un elemento clave del proyecto es que considera la infertilidad como una “enfermedad del sistema reproductivo que impide lograr un embarazo clínico después de doce meses o más de relaciones sexuales no protegidas”.  Igualmente, propone que en un plazo máximo de seis meses se establezca la política pública de infertilidad para “garantizar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través del sistema de seguridad social”, con un enfoque preventivo e investigativo, que genere esquemas de atención, diagnóstico y tratamiento oportunos.

(Lea: Llegó la hora de decidir sobre acceso a tratamientos para la fertilidad)

Incluso busca que haya facilidades legales que les permitan adoptar a las personas diagnosticadas como infértiles. La iniciativa enfatiza que será el Ministerio de Salud el que reglamente el acceso a los tratamientos con recursos públicos, teniendo en cuenta requisitos como la edad, la condición de la pareja infértil, la capacidad económica o nivel de Sisbén, entre otros. La representante a la Cámara del Atlántico por el Partido de la U Martha Villalba, autora del proyecto, asegura que las personas infértiles adelantan una lucha silenciosa ante el Estado.

“Se dejan a potestad del Ejecutivo los lineamientos y requisitos para el desarrollo del acceso a dichos tratamientos, ya que, a pesar de ser razonable tal exclusión del plan de beneficios, hacerlo en todos los casos puede conducir a la vulneración de ciertos derechos fundamentales”, le dijo Villalba a El Espectador. “De ser sancionado este proyecto se les estaría brindando a muchas de estas parejas la oportunidad de acceder a estos tratamientos que no están a su alcance por los altos costos”, agregó.

(Le puede interesar: Por alto costo, frenan ley para prevención de infertilidad en Colombia)

Para el Gobierno, este proyecto de ley era inconveniente. Por un lado sostenía que iba en contra de la Ley Estatutaria de Salud, la 1751 de 2015, la cual dice que para definir qué puede entrar al plan de beneficios se debe aplicar un mecanismo técnico-científico, público, colectivo, participativo y transparente que debía definirse a través de una ley. En su criterio, de esta manera se afectaba la “disponibilidad de los recursos limitados para cuestiones que la población puede considerar más prioritarias”.

Y, como se deberían financiar servicios de salud a unas 235.900 parejas, el Gobierno consideraba que se estaría poniendo en riesgo la salud de cerca de unos cuatro millones de afiliados al sistema de seguridad social.  “Los tratamientos de infertilidad (inseminación artificial intrauterina y fecundación in vitro) para toda la población que se estima lo requiere, pueden llegar a costar cerca de $13 billones, para lo cual el proyecto no dispuso una fuente adicional de recursos. Esto se traduce en un riesgo para la atención de los servicios de salud a los que accede toda la población, y que tienen un costo cercano a los $40 billones al año, pues cerca del 32,5 % de estos recursos tendrían que destinarse, según el número estimado de parejas potencialmente concernidas, a atender el costo asociado a los tratamientos de infertilidad”, señaló el Gobierno en su momento.

La Corte Constitucional dio vía libre a un proyecto de Ley que busca que se cree una política pública para la infertilidad y que el Ministerio de Salud reglamente el acceso a tratamientos y terapias de reproducción asistida, como la fertilización in vitro, con recursos públicos. El proyecto había sido aprobado por el Congreso pero objetado por el Gobierno al estimar que representaría un alto impacto fiscal para las finanzas del Estado. Este miércoles, la Sala Plena declaró infundadas las objeciones y para que esta iniciativa cobre vida, solo faltará la sanción presidencial.

Un elemento clave del proyecto es que considera la infertilidad como una “enfermedad del sistema reproductivo que impide lograr un embarazo clínico después de doce meses o más de relaciones sexuales no protegidas”.  Igualmente, propone que en un plazo máximo de seis meses se establezca la política pública de infertilidad para “garantizar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través del sistema de seguridad social”, con un enfoque preventivo e investigativo, que genere esquemas de atención, diagnóstico y tratamiento oportunos.

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Incluso busca que haya facilidades legales que les permitan adoptar a las personas diagnosticadas como infértiles. La iniciativa enfatiza que será el Ministerio de Salud el que reglamente el acceso a los tratamientos con recursos públicos, teniendo en cuenta requisitos como la edad, la condición de la pareja infértil, la capacidad económica o nivel de Sisbén, entre otros. La representante a la Cámara del Atlántico por el Partido de la U Martha Villalba, autora del proyecto, asegura que las personas infértiles adelantan una lucha silenciosa ante el Estado.

“Se dejan a potestad del Ejecutivo los lineamientos y requisitos para el desarrollo del acceso a dichos tratamientos, ya que, a pesar de ser razonable tal exclusión del plan de beneficios, hacerlo en todos los casos puede conducir a la vulneración de ciertos derechos fundamentales”, le dijo Villalba a El Espectador. “De ser sancionado este proyecto se les estaría brindando a muchas de estas parejas la oportunidad de acceder a estos tratamientos que no están a su alcance por los altos costos”, agregó.

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Para el Gobierno, este proyecto de ley era inconveniente. Por un lado sostenía que iba en contra de la Ley Estatutaria de Salud, la 1751 de 2015, la cual dice que para definir qué puede entrar al plan de beneficios se debe aplicar un mecanismo técnico-científico, público, colectivo, participativo y transparente que debía definirse a través de una ley. En su criterio, de esta manera se afectaba la “disponibilidad de los recursos limitados para cuestiones que la población puede considerar más prioritarias”.

Y, como se deberían financiar servicios de salud a unas 235.900 parejas, el Gobierno consideraba que se estaría poniendo en riesgo la salud de cerca de unos cuatro millones de afiliados al sistema de seguridad social.  “Los tratamientos de infertilidad (inseminación artificial intrauterina y fecundación in vitro) para toda la población que se estima lo requiere, pueden llegar a costar cerca de $13 billones, para lo cual el proyecto no dispuso una fuente adicional de recursos. Esto se traduce en un riesgo para la atención de los servicios de salud a los que accede toda la población, y que tienen un costo cercano a los $40 billones al año, pues cerca del 32,5 % de estos recursos tendrían que destinarse, según el número estimado de parejas potencialmente concernidas, a atender el costo asociado a los tratamientos de infertilidad”, señaló el Gobierno en su momento.