El pasado jueves 27 de enero de 2022 la Corte Constitucional tomó una decisión histórica: declarar el estado de cosas inconstitucional un punto del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc que tiene que ver con las garantías de seguridad de los hombres y mujeres que firmaron la negociación y entregaron las armas.
Según la Corte, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por el Estado colombiano, por lo cual dictó órdenes encaminadas a garantizar la ejecución de los programas de protección y seguridad de los excombatientes, los miembros del partido Comunes, sus familias y líderes.
De acuerdo con la ponencia que dio paso a este fallo, es absolutamente grave para la democracia que 270 excombatientes y firmantes del acuerdo hayan sido asesinados. Un informe de la JEP, señaló que si la tendencia de asesinatos se mantiene es posible que para 2024 “lleguen a presentarse alrededor de 1.600 casos de homicidio a desmovilizados”, lo que equivaldría al “12 % del total de la población que firmó la paz”. Una situación que es, para la Corte, inconstitucional.
El primer mandato que dio el alto tribunal fue ordenar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que, dentro de los próximos cuatro meses, reevalúe el riesgo que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación y quiénes integran el partido Comunes, así como otras personas que se encuentren en situaciones similares.