Corte Constitucional citó a audiencia pública al Gobierno por demanda contra ley Zidres
A la diligencia fueron citados los representantes del Ministerio del Interior y la Procuraduría General.
El Espectador
La Sala Plena de la Corte Constitucional citó para el próximo 15 de septiembre una audiencia pública en el marco de las demandas presentadas en contra de la ley Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Ecónomico y Social (Zidres). El alto tribunal convocó a representantes de diferentes sectores para que presenten sus conceptos.
El magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva consideró que debido a la complejidad e importancia del tema se hace necesario convocar la diligencia pública en el Palacio de Justicia para escuchar las posiciones y así tomar una decisión de fondo.
En la convocatoria se idnica que los intervinientes se deberàn pronunciar sobre uno de los tres ejes temáticos que hacen referencia a las demandas presentadas en contra de varios artículos de la ley 1776 de 2016.
"La compatibilidad o no, del modelo de desarrollo económico regional diseñado a través de las Zidres con el acceso progresivo y la formalización de la propiedad de la tierra de los campesinos, trabajadores agrarios, jóvenes y mujeres rurales y ocupantes tradicionales de bienes inmuebles de la nación", precisa.
Otro de los ejes temáticos señala la "idoneidad de los mecanismos previstos en la ley 1776 de 2016 para promover un modelo desarrollo económico y social del sector rural basado en la equidad, la sostenibilidad desde el punto de vista humano, ambiental y cultural".
"El sistema de distribución de competencias previsto en la ley para la creación e implementación de las Zonas de interés y desarollo rural, económico y social, Zidres, frente al principio de Estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales", indica.
Uno de los puntos a los que tienen que hacer referencia señala los "mecanismos de participación de las comunidades locales, campesinas o étnicas establecidos en la ley en relación con la planeación territorial, la regulación de los usos del suelo y la definición de un ambiente sano".
Finalmente se manifiestan "las implicaciones de la calificación de las Zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres, como de 'interés social y utilidad pública', frente a los derechos de la población campesina y a las prerrogativas que se confieren al sector empresarial".
La Sala citó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; al ministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz-Granados; el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado; el senador, Jorge Enrique Robledo; la ponente del Senado, Martiza Martínez Aristizábal; la demandante Rocio del Pilar Huertas.
Además del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López; la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master; el director de la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia, Guillermo Forero Álvarez.
La Sala Plena de la Corte Constitucional citó para el próximo 15 de septiembre una audiencia pública en el marco de las demandas presentadas en contra de la ley Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Ecónomico y Social (Zidres). El alto tribunal convocó a representantes de diferentes sectores para que presenten sus conceptos.
El magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva consideró que debido a la complejidad e importancia del tema se hace necesario convocar la diligencia pública en el Palacio de Justicia para escuchar las posiciones y así tomar una decisión de fondo.
En la convocatoria se idnica que los intervinientes se deberàn pronunciar sobre uno de los tres ejes temáticos que hacen referencia a las demandas presentadas en contra de varios artículos de la ley 1776 de 2016.
"La compatibilidad o no, del modelo de desarrollo económico regional diseñado a través de las Zidres con el acceso progresivo y la formalización de la propiedad de la tierra de los campesinos, trabajadores agrarios, jóvenes y mujeres rurales y ocupantes tradicionales de bienes inmuebles de la nación", precisa.
Otro de los ejes temáticos señala la "idoneidad de los mecanismos previstos en la ley 1776 de 2016 para promover un modelo desarrollo económico y social del sector rural basado en la equidad, la sostenibilidad desde el punto de vista humano, ambiental y cultural".
"El sistema de distribución de competencias previsto en la ley para la creación e implementación de las Zonas de interés y desarollo rural, económico y social, Zidres, frente al principio de Estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales", indica.
Uno de los puntos a los que tienen que hacer referencia señala los "mecanismos de participación de las comunidades locales, campesinas o étnicas establecidos en la ley en relación con la planeación territorial, la regulación de los usos del suelo y la definición de un ambiente sano".
Finalmente se manifiestan "las implicaciones de la calificación de las Zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres, como de 'interés social y utilidad pública', frente a los derechos de la población campesina y a las prerrogativas que se confieren al sector empresarial".
La Sala citó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; al ministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz-Granados; el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado; el senador, Jorge Enrique Robledo; la ponente del Senado, Martiza Martínez Aristizábal; la demandante Rocio del Pilar Huertas.
Además del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López; la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master; el director de la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia, Guillermo Forero Álvarez.