Corte Constitucional dejó en firme condena contra Diego Palacio por “Yidispolítica”
El exministro de Protección Social fue sentenciado a seis años y medio de prisión por la Corte Suprema de Justicia, por ofrecer comisiones a congresistas para que avalaran la reelección presidencial inmediata de Uribe.
Redacción Judicial
La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme la condena de seis años y medio de prisión en contra del exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt por su participación y responsabilidad en los hechos que rodearon el sonado escándalo de la “yidispolítica”. El exministro fue condenado en abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En el debate jurídico la Sala rechazó por mayoría la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero quien aseguró que en el proceso penal se le vulneraron a Palacio Betancourt sus derechos al debido proceso y defensa, hecho por el cual no se le permitió presentar sus argumentos para contrariar a la testigo clave en este proceso: la exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina Padilla.
En la ponencia revelada en exclusiva por ElEspectador el pasado 27 de agosto el magistrado argumentó que la Sala que juzgó a Palacio le dio validez absoluta a la declaración de la excongresista, enfatizando en el hecho que se sometió a condena anticipada ante el mismo alto tribunal en 2008 tras aceptar su responsabilidad en el delito de cohecho.
Para Guerrero, en el juicio el exjefe de la cartera de Salud durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez solamente pudo negar su participación en estos hechos pero no pudo presentar los elementos materiales probatorios para sustentar su defensa. La ponencia plantea que la Corte Suprema tuvo como sustento para condenar un material probatorio que no fue controvertido como lo exige la ley.
En otro de los apartes se manifiesta que la Corte Suprema no tuvo en cuenta el momento político que vivía el país ni la forma en cómo se trataban los temas motivo de investigación en el Congreso de la República. Es decir, estas acciones siempre se han presentado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. (Ver Diego Palacio: el médico que terminó comprando votos)
Este tipo de peticiones y solicitudes, pese a que son reprochables, no tienen una connotación penal o delictiva, puesto que es una práctica que se presenta en reiterados casos, más cuando es una práctica política cuando se hacen este tipo de negociaciones entre los partidos y colectividades. Cuando el tema es complejo las bancadas se unen ya sea en pro o en contra de un proyecto.
El ponente asegura que la Corte Suprema no evaluó debidamente lo que ordinariamente acontece en los sistemas presidenciales de gobierno entre los funcionarios del Ejecutivo y los miembros del Legislativo, respecto al trámite de los proyectos de ley o de reforma constitucional como es el caso en cuestión. Debido a esto considera que reunirse con los congresistas cuyo voto o respaldo era desconocido no va en contra de la ley.
El exministro fue hallado responsable del delito de cohecho al ofrecerle a Yidis Medina la dirección de un hospital en Barrancabermeja, así como contratos y convenios. Palacio Betancourt se encuentra privado de su libertad en la Escuela de Caballería en el Cantón Norte en Bogotá.
En la misma decisión ratificó la condena de cinco años de prisión en contra del exsecretario general de la Presidencia Alberto Velásquez por haber presionado que un grupo de congresistas votara a favor, en el último debate en la Cámara de Repreentantes que buscaba la reelección inmediata de Álvaro Uribe como presidente.
La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme la condena de seis años y medio de prisión en contra del exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt por su participación y responsabilidad en los hechos que rodearon el sonado escándalo de la “yidispolítica”. El exministro fue condenado en abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En el debate jurídico la Sala rechazó por mayoría la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero quien aseguró que en el proceso penal se le vulneraron a Palacio Betancourt sus derechos al debido proceso y defensa, hecho por el cual no se le permitió presentar sus argumentos para contrariar a la testigo clave en este proceso: la exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina Padilla.
En la ponencia revelada en exclusiva por ElEspectador el pasado 27 de agosto el magistrado argumentó que la Sala que juzgó a Palacio le dio validez absoluta a la declaración de la excongresista, enfatizando en el hecho que se sometió a condena anticipada ante el mismo alto tribunal en 2008 tras aceptar su responsabilidad en el delito de cohecho.
Para Guerrero, en el juicio el exjefe de la cartera de Salud durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez solamente pudo negar su participación en estos hechos pero no pudo presentar los elementos materiales probatorios para sustentar su defensa. La ponencia plantea que la Corte Suprema tuvo como sustento para condenar un material probatorio que no fue controvertido como lo exige la ley.
En otro de los apartes se manifiesta que la Corte Suprema no tuvo en cuenta el momento político que vivía el país ni la forma en cómo se trataban los temas motivo de investigación en el Congreso de la República. Es decir, estas acciones siempre se han presentado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. (Ver Diego Palacio: el médico que terminó comprando votos)
Este tipo de peticiones y solicitudes, pese a que son reprochables, no tienen una connotación penal o delictiva, puesto que es una práctica que se presenta en reiterados casos, más cuando es una práctica política cuando se hacen este tipo de negociaciones entre los partidos y colectividades. Cuando el tema es complejo las bancadas se unen ya sea en pro o en contra de un proyecto.
El ponente asegura que la Corte Suprema no evaluó debidamente lo que ordinariamente acontece en los sistemas presidenciales de gobierno entre los funcionarios del Ejecutivo y los miembros del Legislativo, respecto al trámite de los proyectos de ley o de reforma constitucional como es el caso en cuestión. Debido a esto considera que reunirse con los congresistas cuyo voto o respaldo era desconocido no va en contra de la ley.
El exministro fue hallado responsable del delito de cohecho al ofrecerle a Yidis Medina la dirección de un hospital en Barrancabermeja, así como contratos y convenios. Palacio Betancourt se encuentra privado de su libertad en la Escuela de Caballería en el Cantón Norte en Bogotá.
En la misma decisión ratificó la condena de cinco años de prisión en contra del exsecretario general de la Presidencia Alberto Velásquez por haber presionado que un grupo de congresistas votara a favor, en el último debate en la Cámara de Repreentantes que buscaba la reelección inmediata de Álvaro Uribe como presidente.