Corte Constitucional dictó órdenes para proteger pueblos indígenas en el Amazonas

Parte del mercurio que se emplea para la minería del oro es desechado por los ríos, afectando a los peces más pequeños que son devorados por las especies más grandes, que también acumulan esa contaminación. Muchos de estos pescados llegan a las plazas de mercado del interior del país.

Foto: Archivo particular

La Corte Constitucional acaba de lanzarle un salvavidas a las comunidades indígenas del territorio de los Jaguares de Yuruparí, en el Amazonas. El alto tribunal encontró que las comunidades que allí habitan están en riesgo de perder su identidad y desaparecer por la explotación de oro con mercurio en los ríos Caquetá y Apaporis.

La práctica, según encontró la Corte, estaba contaminando el agua, los peces y a las personas en ese territorio. Asimismo, se evidenció la presencia de actores armados ilegales, que han puesto en riesgo “su salud física, su medicina tradicional, sus sistemas alimentarios y su identidad cultural”. A través de una tutela, la comunidad indígena le pidió al alto tribunal ordenar medidas “para erradicar la minería, fortalecer su conocimiento ancestral, implementar un sistema de salud con enfoque intercultural, descontaminar sus ríos y proteger sus sistemas alimentarios tradicionales”.

Para el alto tribunal, las comunidades están en riesgo. Sobre todo, en sus derechos a la salud y su seguridad y soberanía alimentaria, por el envenenamiento del territorio, las amenazas a sus líderes, la ausencia de coordinación y articulación interinstitucional, “y los obstáculos identificados en la implementación del procedimiento para la conformación de las entidades territoriales indígenas (ETI)”.

La contaminación por mercurio, dice la Corte, “ha generado graves afectaciones a la salud, a la identidad cultural y a los territorios ancestrales de estas comunidades, pues los estudios aportados revelaron niveles de mercurio hasta 17 veces superiores a los considerados seguros, tanto en las fuentes hídricas como en los peces y en los cuerpos de los habitantes del macroterritorio”.

El alto tribunal al revisar las condiciones del territorio también encontró que el pescado es la principal fuente de proteína de los pueblos que presentaron la tutela, pero que dicho alimento se encuentra contaminado por mercurio. Asimismo, se encontró que las mujeres en el territorio tiene unos problemas diferenciales, como el cáncer de cuello uterino y afecciones de la piel nunca vistas en el territorio.

Por eso, la Corte declaró la necesidad urgente de “proteger el conocimiento ancestral de la Gente de Afinidad del Yuruparí; garantizar la conformación de las entidades territoriales indígenas; reconocer las competencias de sus autoridades” y “reconocer al macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí como espacio de coordinación para la gestión territorial y ambiental conjunta propia de los consejos accionantes”. Asimismo, el alto tribunal ordenó “su protección inmediata e integral”.

También, se ordenó la creación de tres instancias de diálogo intercultural, cada una coordinada por un ministerio diferente: para identidad y territorio (Ministerio del Interior), para ambiente y minería (Ministerio de Ambiente) y para salud y seguridad alimentaria (Ministerio de Salud). Los espacios, dice la Corte, son para garantizar “la participación efectiva de las comunidades indígenas en la implementación de las soluciones”.

De la misma manera, la Corte ordenó suspender inmediatamente todo trámite de licenciamiento minero en el macroterritorio por parte de la Agencia Nacional de Minería y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, hasta que se implementen estrategias efectivas de remediación de las fuentes de agua. Igualmente, el Ministerio de Ambiente deberá “realizar estudios de línea base sobre los niveles de contaminación y diseñar un programa integral de descontaminación”.

En cuanto a la salud de las personas, el alto tribunal ordenó que el Ministerio de Salud y las secretarías departamentales deberán “implementar urgentemente brigadas móviles para atender las emergencias y realizar diagnósticos de la población afectada, priorizando a mujeres embarazadas, niñas y niños”. También así, la Corte ordenó “iniciar un proceso de investigación sobre las mejores prácticas internacionales para tratar la intoxicación por mercurio, con el apoyo del Instituto Nacional de Salud y los mecanismos del Convenio de Minamata”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.