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La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar como su presidente para este año. Ibáñez ahora tendrá que liderar las acciones del alto tribunal, incluyendo las relaciones con las ramas Legislativa y Ejecutiva, con la que se han tenido tensiones el último año. Por su parte, para el puesto de vicepresidencia fue designada la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.
El magistrado Ibáñez fue el vicepresidente de la Corte Constitucional en 2024, cuando el alto tribunal era presidido por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deja la Corte en septiembre de este año. Dentro de los procesos que tiene a su cargo, resalta la demanda que busca tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro.
Ibáñez hace parte del llamado bloque conservador de la Corte Constitucional, en el que se ubican togados de una corriente más tradicional. Junto con él están las magistradas Cristina Pardo y Paola Meneses; esta última, encargada de adelantar el estudio obligatorio sobre el Estado de Conmoción Interior decretado por el gobierno Petro para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo.
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Dentro de las decisiones más destacadas lideradas en la Corte por Ibáñez, está la recientemente tomada por la Sala Plena sobre el monopolio de aguardientes en Colombia. El expediente de ese caso reposaba en su despacho y desde el pasado mes de diciembre, cuando la última votación de los magistrados quedó 4-4, se esperaba una decisión definitiva sobre las disposiciones para la comercialización de licor en el país.
El fin del monopolio del aguardiente
El caso del monopolio del aguardiente en Colombia es uno de los de mayor nivel en materia comercial, que ha tenido que resolver la justicia. Surgió tras una demanda con la se quería tumbar la ley que permitía a las licoreras departamentales bloquear la distribución y venta de aguardientes de otros departamentos en sus jurisdicciones.
El origen está en una disputa entre la Industria Licorera de Caldas (ILC) y la Gobernación de Cundinamarca. En el año 2023, la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de este último departamento le quitó a la empresa caldense la autorización que tenía para distribuir y vender su Aguardiente Amarillo de Manzanares en territorio de Cundinamarca.
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La demanda abrió una amplia discusión sobre la presencia de fabricantes de licores en los mercados regionales del país, el derecho a la libre competencia de los fabricantes y a la libre elección por parte de los consumidores. Este último fue el que prevaleció en la última decisión de la Corte Constitucional.
Pero la discusión no estuvo del todo fácil. En diciembre de 2024 la votación quedó empatada porque la magistrada Cristina Pardo presentó un impedimento que impidió dirimir el pleito, luego de que ese tribunal convocara a una audiencia pública por la presunta vulneración del derecho a la libre competencia y la consolidación de un monopolio rentístico en el mercado de los aguardientes.
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La Corte tuvo que acudir a un conjuez para que desempatar la discusión de la ponencia del magistrado Ibáñez. Su resultado, publicado el día de ayer, fue que queda a disposición de cada ciudadano la elección del licor que desea comprar y consumir en cualquier sitio del país.
En su decisión, el alto tribunal concluyó que la norma realmente afectaba “la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores”. Asimismo, que los incisos 1 y 2 de la Ley 1816 de 2016 restringen “por completo la libertad de elección de los consumidores que habitan los departamentos en los que se ejerce la facultad demandada, pues restringe de forma absoluta la posibilidad de que elijan libremente entre diferentes proveedores qué aguardiente desean consumir”.
¿Quién es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez?
El magistrado Ibáñez nació en Tunja, ciudad de la que fue concejal entre los años 1978 y 1980, cundo militaba en las llamadas juventudes conservadoras. Estudio derecho en la Universidad Javeriana, en Bogotá, y tras graduarse entró al Banco de la República. Allí se especializó en temas relacionados con hacienda pública y derecho económico; entre 1983 y 1994 ejerció los cargos de asesor jurídico, subdirector de derecho privado y económico, y director jurídico.
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Junto a los abogados Eduardo Cifuentes y Ciro Angarita, que también fueron magistrados de la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez asesoró la construcción de la Constitución Política de 1991. Ha trabajado como docente en la Universidad del Rosario, la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Sergio Arboleda. Es investigador y consultor jurídico; pero, sobre todo, es un abogado de carácter.
En 2003 se frustró su llegada al Viceministerio de Justicia durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, porque en un foro en Ibagué dijo que tenía “razones personales para sostener que el ministro Londoño es el primer corrupto que hay en Colombia”. Se refería a Fernando Londoño Hoyos, designado por Uribe Vélez como jefe de esa cartera de gobierno.
El magistrado Ibáñez es especialista en derecho público, doctor en derecho y tiene un posdoctorado en derechos humanos y derecho penal internacional de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid (España). Asesoró también a la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, en 1997. Fue conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, así como presidente del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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En agosto de 2020 fue elegido por el Senado de la República como magistrado de la Corte constitucional y, previo a presidir el alto tribunal, fue vicepresidente de esa instancia judicial.
¿Quién es la magistrada Paola Andrea Meneses?
La magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con una sólida trayectoria en Derecho Público y Corporativo. Cuenta con especializaciones en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y en Derecho Administrativo de la Pontificia, además de estudios avanzados en Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos en los sectores público y privado, desempeñándose como Directora Jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., Secretaria General de Redassist S.A. y de la Federación Nacional de Departamentos, así como Superintendente de Subsidio Familiar y Delegada contra la Criminalidad Organizada en la Fiscalía General de la Nación. También ha trabajado como asesora jurídica en temas de servicios públicos.
En 2021, la Corporación Excelencia en la Justicia la distinguió con el galardón a la “Mejor sentencia en favor de la diversidad e inclusión”. Posteriormente, en 2024, recibió el premio ”Sentencias 2024, Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetos de Protección Internacional”, otorgado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, con el respaldo de ACNUR, la CIDH y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
En el ámbito jurisprudencial, la magistrada Meneses ha realizado aportes clave en temas como la libertad de expresión, los derechos de las mujeres cisgénero y transgénero, los derechos de las minorías étnicas y la protección de personas en situación de migración irregular y víctimas del conflicto armado.
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