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4 Jun 2021 - 7:39 p. m.

Corte Constitucional estudia avance de sentencia que protegió derechos de los niños wayúu

Durante una sesión técnica, la Corte Constitucional discutió con diversas instituciones, autoridades indígenas y organizaciones sociales la implementación de sentencia en la que declaró la vulneración de derechos fundamentales de los niños y niñas wayúu.
En 2017, la Corte declaró que hay una vulneración masiva de los derechos de niños y niñas en La Guajira.
En 2017, la Corte declaró que hay una vulneración masiva de los derechos de niños y niñas en La Guajira.

En una sesión moderada por el magistrado José Fernando Reyes, voceros wayúu, el defensor del Pueblo y organizaciones sociales denunciaron incumplimientos a la sentencia que protegió a este pueblo indígena originario de La Guajira. Durante el encuentro se expusieron denuncias, necesidades y abandono a la población indígena. Uno de los puntos con mayor énfasis fue el manejo de la pandemia en las comunidades wayúu.

La sentencia T-302 de 2017 declaró que en La Guajira hay una vulneración masiva de los derechos fundamentales individuales que afectan de manera generalizada a todos los niños de la población wayúu en los casos específicos de acceso al agua, la alimentación y salud. El alto tribunal consideró que la solución a la crisis de desnutrición de los niños y niñas wayúu requiere que todas las entidades públicas superen los prejuicios y los estereotipos étnicos.

Y en seguimiento a esas órdenes, se escuchó a las entidades vinculadas y a las comunidades. La primera intervención estuvo a cargo de Custodio Valbuena Guauriyu, vocero wayúu, en el que resaltó las dificultades que han tenido que atravesar desde la expedición de la sentencia T-302 de 2017: Negligencia por parte de funcionarios públicos, abandono estatal y la emergencia sanitaria por el COVID-19. Adicionalmente, aprovechó para hacer un llamado a que se haga veeduría sobre el cumplimiento de la sentencia, argumentando que se les vulneran sus derechos fundamentales y se les despoja de sus tierras en nombre del progreso, del cual, según dijo, solo les llega miseria.

Javier Rojas Uliana, un segundo vocero de la comunidad wayúu, hizo énfasis en la pobreza que afecta las zonas en las que habita esta población indígena, en las que algunas, como en el municipio de La Uribia, supera el 90%. Así mismo, hizo un llamado a que se haga un seguimiento por parte del Estado, el cual, según expresó, los tiene en abandono, sobre todo en temas del seguimiento del COVID-19 en la población, quienes, según lo relatado por el vocero, están muriendo y siendo enterrados en las rancherías sin control o seguimiento alguno.

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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó un video de las visitas que han hecho a rancherías en Riohacha. El defensor expresó sus principales preocupaciones sobre el avance y desarrollo de las comunidades por las condiciones adversas de los territorios como el clima, la escasez de agua potable, el pobre mantenimiento de las vías y obras de la región y la falta de suministros eléctricos, entre otros. Por otra parte, se refirió a la desnutrición de la población infantil de la comunidad; aunque expuso que se ha reducido en los últimos dos años, aún se ve un número elevado de muertes de niños por esta causa, expuso que en lo que va del 2021 van 17 niños wayúu muertos por desnutrición.

Otro punto en el que hizo énfasis el defensor fue la situación de la cobertura de salud para la población wayúu, la cual ha sido precaria por parte de las EPS, quienes deben adaptarse, según el funcionario, a las condiciones territoriales de la población y no ser la población quien se acomode a las entidades. Pidió, igualmente, un espacio de diálogo constante y genuino entre el Estado, las instituciones y la comunidad wayúu para preservar la vida de los niños y niñas de las comunidades.

Por parte de la Procuraduría estuvo el viceprocurador, Antonio Thomás Arias, quien en su intervención hizo un recorrido por las problemáticas que habían mencionado quienes lo antecedieron en la reunión. Expuso verbalmente cifras en las que, según narró, no se ve un avance ni implementación cabal de la Sentencia T-302 de 2017. Según el funcionario, la mayoría de la población se encuentra aún desprotegida en los distintos aspectos denunciados, pero igualmente aclaró que las cifras no son exactas porque no se les hace un seguimiento adecuado.

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