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La Corte Constitucional podría suspender la Zona Económica Especial Binacional entre Colombia y Venezuela. El alto tribunal admitió para estudio una demanda que pide tumbar el “memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia sobre la creación de la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional (Zona Económica Especial Binacional)”. Según el demandante, el documento tiene características de un tratado internacional, por lo cual debió haber sido aprobado por el Congreso y tener control de constitucionalidad ante la Corte.
La demanda avanzan en el despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas. El recurso pide que, mientras que el alto tribunal toma una decisión de fondo, la Corte suspenda el memorial de entendimiento. Por esa razón, el ponente expuso que, “en su momento, valorará la procedencia excepcional de la suspensión provisional del memorándum”.
En julio de este año, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, sostuvo que el acuerdo con el vecino país abarcará los territorios venezolanos de Táchira y Zulia, así como el departamento colombiano de Norte de Santander. “Se trata de un instrumento legítimo, amparado por el derecho internacional, que no sustituye el ordenamiento jurídico nacional ni compromete la soberanía del país. Por el contrario, se enmarca en una apuesta clara del presidente Petro por reactivar nuestras fronteras como territorios de desarrollo, legalidad y paz”, sostuvo en sus redes sociales la alta funcionaria.
El alto tribual le dio 10 días al gobierno de Gustavo Petro para que remita la copia auténtica del acuerdo sobre la creación de la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, y solicitó que “certifique cuál fue el funcionario autorizado para la negociación y suscripción del memorándum de entendimiento, los plenos poderes de los cuales disponía para su celebración y si sus actos fueron confirmados por el presidente de la República. Acompáñese para el efecto los soportes a que hubiere lugar”.
Asimismo, pidió que informe “si se ha enviado al Congreso de la República el memorándum demandado a fin de que se adelante el trámite de aprobación mediante ley de la República. Acompáñese para el efecto los soportes a que hubiere lugar. En caso contrario, señale las razones por las cuales considera que dicho instrumento no debe ser enviado al legislador”.
La Corte también pidió que se certifique si para suscribir el acuerdo “fue convocada la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (cuerpo consultivo a que hace referencia el artículo 225 de la Constitución)”. En caso de que no se hubiera hecho, el despacho pidió que el gobierno explique las razones por las cuales no fue convocada. Igualmente, pidió que la Presidencia informe qué funcionarios de ambos Estados participaron y en qué medida de la suscripción del acuerdo.
De la misma manera, tendrán que rendir cuentas sobre el rol que jugó “el Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Ministerio de Defensa Nacional, dentro del ámbito de sus competencias, en el proceso de negociación y aprobación del Memorándum de Entendimiento”.
La zona binacional se creó en julio pasado y la ministra Morales aseguró que “no es una nueva figura legal, sino una herramienta legítima que respeta la soberanía, pero que tiene una visión de desarrollo a largo plazo. Esto nos permite generar acciones y facilitar el encadenamiento productivo”.
Esto se traduce en que tanto Colombia como Venezuela buscarán tener una integración regional fronteriza que armonice los instrumentos normativos que tiene cada uno.
Dentro del acuerdo, el gobierno contempla algunos beneficios económicos, como el hecho de importar insumos sin aranceles ni IVA, transformarlos en la frontera y exportarlos a mercados regionales, incluida Venezuela. Además, habrá “incentivos fiscales para inversiones en territorios priorizados. El régimen franco nos permite crear esas zonas especiales en territorios con vocación logística o productiva”, concluyó en su momento Morales.
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