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Paola* siempre quiso ser madre. Lo logró junto a Andrea* tras un proceso de reproducción asistida. El nacimiento de su hijo fue la culminación de ese sueño, pero al tiempo las llevó a librar una batalla jurídica que acaban de ganar en la Corte Constitucional. Además de proteger su derecho a una licencia de maternidad, el alto tribunal aprovechó el caso para poner sobre la mesa del debate que el sistema de saud actual no reconoce que, en parejas del mismo sexo, dos mujeres tienen el derecho a gozar una licencia de maternidad.
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Andrea dio a luz a su bebé antes de lo previsto en 2025, luego de desarrollar una complicación llamada preeclampsia. Mientras ella se recuperaba de esa condición y del parto, Paola asumió el cuidado de su bebé prematuro, incluso sometiéndose a un tratamiento para que pudiera lactar a su hijo. Aunque sus empleadores la apoyaron para que se tomara el tiempo que necesitara para sostener a su familia, cuando acudió a su EPS para que le diera la licencia de maternidad de 18 semanas, la entidad solo le otorgó los 14 días correspondientes a licencia de paternidad.
Ese choque entre la realidad de esta familia y las reglas del sistema terminó por desatar un problema mayor: la ley no está pensada para todas las formas de ser familia. Por esa razón, acudieron a la justicia para que reconociera sus derechos, pues la propia Constitución protege a familias como la de Andrea y Paola. Sin embargo, en primera y segunda instancia, los jueces fallaron en contra, bajo el argumento de que, como la licencia de maternidad está pensada para “la recuperación física y el cuidado del recién nacido”, Paola no tenía derecho a ella.
Con esos dos portazos, el caso pasó a una posible selección de la Corte Constitucional, que en agosto del año pasado decidió estudiar el expediente de Andrea y Paola por su importancia: era el primer caso que podía esclarecer en Colombia qué pasa cuando una familia pide dos licencias de maternidad por un mismo hijo. El proceso le correspondió a la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien en una ponencia avalada por la Sala Penal del alto tribunal, le dio toda la razón a Paola y a su familia.
Corte Constitucional: se trató de una decisión “bajo estereotipos”
La Corte concluyó que los derechos de esta madre y los de su hijo fueron vulnerados cuando su EPS respondió de manera “estandarizada, bajo estereotipos”, sin tener en cuenta que ella era madre lactante y cuidadora principal y había sustentado su situación a través de documentos y su historia clínica. Aunque el alto tribunal declaró que hubo un “daño consumado”, porque el tiempo de la licencia ya pasó, dejó un mensaje contundente: el sistema actual falla cuando se enfrenta a familias que no encajan en el molde tradicional.
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En esta misma vía, el caso expuso una tensión que la Corte ya venía advirtiendo: las licencias parentales en Colombia siguen organizadas bajo una división rígida entre maternidad y paternidad. En palabras del alto tribunal, ese modelo “no siempre responde adecuadamente a situaciones que se apartan del esquema binario de maternidad y paternidad”, y puede “reproducir desigualdades históricas”. Tal y como le ocurrió a Paola, quien siguió la recomendación de los médicos de asumir el cuidado del bebé, incluso su alimentación.
Paola lo hizo. Pero el sistema no la reconoció como madre en ese rol. Pese a que ya era muy tarde para protegerlas y ordenar una licencia de maternidad inmediata, la Corte sí reconoció que los derechos de la mujer y su hijo a cuidado, igualdad y seguridad social fueron vulnerados. Además de hacer esta distinción clave y de insistir en que las familias pueden ser diversas y la Constitución debe protegerlas sin distinción, la pelea judicial de Andrea y Paola tiene un alcance mayor: la Corte exhortó al Congreso a rediseñar el sistema de licencias para que reconozca la diversidad de familias y promueva una distribución más equitativa del cuidado
Un modelo pensado para otra idea de familia
Para la Corte, es fundamental que se entienda que Colombia debe dejar atrás un esquema rígido y avanzar hacia modelos más flexibles, incluso con alternativas como un “banco conjunto de semanas” que las familias puedan repartir según sus necesidades. El alto tribunal también aclaró puntos clave: por ejemplo, que las semanas de licencia pueden compartirse incluso de manera simultánea en casos de incapacidad de la madre gestante o cuando la organización del cuidado así lo requiera.
Asimismo, recordó que las garantías de lactancia no son opcionales: son una obligación que el empleador debe mantener mientras esta continúe, incluso hasta los dos años del menor. La historia de Paola y Andrea llegó a la Corte Constitucional en medio de un vacío jurídico. Como reconocen expertas que acompañaron el caso, la jurisprudencia sobre licencias en familias homoparentales es aún escasa, lo que deja a muchas familias, empleadores y entidades de salud sin reglas claras.
Ese vacío es el que la Corte intentó empezar a llenar a través de su sentencia. No con una reforma directa, pues reconoce que esa es una tarea que le corresponde al Congreso, sino con una advertencia: el derecho al cuidado no puede depender de si una familia se ajusta o no a un modelo tradicional. Para Paola, la pelea nunca fue solo personal. “Es una posición política”, le dijo al diario El País durante el proceso, convencida de que su caso podía abrir camino a otras familias que hoy enfrentan las mismas barreras.
Pues justamente eso acaba de lograr en la Corte Constitucional. Aunque el fallo no cambia de inmediato las reglas, no solo dejó órdenes expresas para el Congreso, sino que dejó una señal clara: Colombia tiene que replantear cómo entiende la maternidad, la paternidad y, sobre todo, el cuidado.
*Los nombres de las dos mujeres fueron cambiados por el alto tribunal para proteger su intimidad.
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