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El pasado viernes 17 de mayo, la Corte Constitucional emitió un auto, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, en el que le ordena a las entidades públicas que buscan superar el estado de cosas inconstitucional respecto a la seguridad de los firmantes de paz, orientar sus decisiones “con base en los subcomponentes y ejes transversales de la política pública de seguridad contenida en el Acuerdo de Paz”.
De acuerdo con el auto del alto tribunal, las entidades deberán presentar ante la Sala un informe en el que expongan un cronograma detallado que contenga los plazos y los responsables de las decisiones y acciones concretas que se tomen para cumplir dicha orden.
“La falta de claridad y de distinción de todos los subcomponentes que abarcan la política pública de seguridad ha impedido que sus múltiples responsables a nivel nacional y territorial tengan un entendimiento y lenguaje común que facilite su implementación coherente coordinada e integral”, se lee en el auto de la Corte.
Según lo establecido por el alto tribunal, se debe asegurar la implementación de los instrumentos de esta política consignada en el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC. Esta política, que ahora deberán tener en cuenta las entidades, contiene planes estratégicos de seguridad y protección a los firmantes y una política pública de desmantelamiento. Además, cuenta con requisitos a cumplir como la reincorporación de los excombatientes.
Entre las entidades que deberán cumplir el llamado de la Corte están los ministerios de Justicia, Interior, Defensa, Vivienda, Hacienda, Salud, Ambiente y Trabajo. Además, la orden también deberá cumplirla el Comisionado de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entre otras.
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