Corte Constitucional ordenó traslado de estación de Policía de El Mango (Cauca)

En un plazo de 30 días el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deberán realizar todas las acciones dirigidas a ubicar la estación de policía de la vereda Campo Alegre, en el corregimiento de El Mago, municipio de Argelia (Cauca) a un lugar lejano del casco urbano para no poner en riesgo la vida e integridad de los pobladores.

La estación de Policía de El Mango tiene una historia no grata de recordar. Ha sido una de las edificaciones oficiales más atacadas por grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno. En las acciones violentas la población civil se ha visto gravemente afectada.

Fueron estos hechos las que lo motivaron a solicitarle formalmente a las autoridades judiciales que traslade la estación del casco urbano tutelando la protección de sus derechos fundamentales. El alto tribunal les dio la razón y ordenó su traslado inmediato, la misma no podrá estar ubicada “en la proximidad de las viviendas de la zona”.

Fue una lucha judicial por años, sin embargo todas las instancias administrativas les dieron la razón a los accionantes. Debido al  contexto de violencia en la zona y la afectación que generaba directamente en contra de la població ajena al conflicto y a los enfrentamientos bélicos  se tomó una decisión.

Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte Constitucional aseguró que pese a que la Constitución y la ley establece la presencia de la Policía en todo el territorio nacional este caso debe ser revisado con otra perspectiva. Los habitantes, señalan, se han visto durante años por su ubicación incumpliendo las condiciones de proporcionalidad.

En el fallo de 20 páginas se citan los enfrentamientos que han sostenido entre sí las Farc y el ELN, así como los constantes ataques en contra de la estación de policía. Sin embargo, se resalta que desde septiembre de 2015 no se han presentado nuevos enfrentamientos bélicos.

El ataque

La historia de los habitantes de la vereda Campo Alegre con la Policía empezó con el pie izquierdo. A esa zona se dirigieron los uniformados cuando los pobladores se negaran a la instalación de una estación en el lugar. Los policías entonces se dispusieron a ocupar 15 viviendas sin permiso alguno. Pocas horas después se registró un ataque con cilindros bomba y granadas que hirió a varias personas que se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada a El Mango.

Debido a esta afectación directa se presentó una acción judicial con el fin de solicitar la protección de sus derechos vulnerados. La Corte Constitucional consideró que la “ocupación ilegal de la Policía a las viviendas de los habitantes de Campo Alegre constituye una violación del principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (…) La Policía utilizó casas como trincheras y por tanto, convirtió los hogares en blanco de las hostilidades”.

Igualmente se ordenó rediseñar las estrategias de protección a la población, “como en parte lo ha hecho, por ejemplo, ideando alternativas que no impliquen aumentar el riesgo que actualmente soportan los accionantes. Quien tiene el deber de protección de la comunidad es la fuerza pública y el hecho que sus bases no pueden estar cerca de las casas de los habitantes, no significa que no leudan cumplir con su misión constitucional”.

En un plazo de 30 días el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deberán realizar todas las acciones dirigidas a ubicar la estación de policía de la vereda Campo Alegre, en el corregimiento de El Mago, municipio de Argelia (Cauca) a un lugar lejano del casco urbano para no poner en riesgo la vida e integridad de los pobladores.

La estación de Policía de El Mango tiene una historia no grata de recordar. Ha sido una de las edificaciones oficiales más atacadas por grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno. En las acciones violentas la población civil se ha visto gravemente afectada.

Fueron estos hechos las que lo motivaron a solicitarle formalmente a las autoridades judiciales que traslade la estación del casco urbano tutelando la protección de sus derechos fundamentales. El alto tribunal les dio la razón y ordenó su traslado inmediato, la misma no podrá estar ubicada “en la proximidad de las viviendas de la zona”.

Fue una lucha judicial por años, sin embargo todas las instancias administrativas les dieron la razón a los accionantes. Debido al  contexto de violencia en la zona y la afectación que generaba directamente en contra de la població ajena al conflicto y a los enfrentamientos bélicos  se tomó una decisión.

Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte Constitucional aseguró que pese a que la Constitución y la ley establece la presencia de la Policía en todo el territorio nacional este caso debe ser revisado con otra perspectiva. Los habitantes, señalan, se han visto durante años por su ubicación incumpliendo las condiciones de proporcionalidad.

En el fallo de 20 páginas se citan los enfrentamientos que han sostenido entre sí las Farc y el ELN, así como los constantes ataques en contra de la estación de policía. Sin embargo, se resalta que desde septiembre de 2015 no se han presentado nuevos enfrentamientos bélicos.

El ataque

La historia de los habitantes de la vereda Campo Alegre con la Policía empezó con el pie izquierdo. A esa zona se dirigieron los uniformados cuando los pobladores se negaran a la instalación de una estación en el lugar. Los policías entonces se dispusieron a ocupar 15 viviendas sin permiso alguno. Pocas horas después se registró un ataque con cilindros bomba y granadas que hirió a varias personas que se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada a El Mango.

Debido a esta afectación directa se presentó una acción judicial con el fin de solicitar la protección de sus derechos vulnerados. La Corte Constitucional consideró que la “ocupación ilegal de la Policía a las viviendas de los habitantes de Campo Alegre constituye una violación del principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (…) La Policía utilizó casas como trincheras y por tanto, convirtió los hogares en blanco de las hostilidades”.

Igualmente se ordenó rediseñar las estrategias de protección a la población, “como en parte lo ha hecho, por ejemplo, ideando alternativas que no impliquen aumentar el riesgo que actualmente soportan los accionantes. Quien tiene el deber de protección de la comunidad es la fuerza pública y el hecho que sus bases no pueden estar cerca de las casas de los habitantes, no significa que no leudan cumplir con su misión constitucional”.