Corte Constitucional pide más pruebas para estudiar decreto de excarcelaciones

Colombia comenzó el año con índices de hacinamiento carcelario por encima del 50%.

Van casi tres meses desde que el Gobierno expidió el decreto 546 para deshacinar las cárceles en la pandemia y todavía no cuenta con luz verde de la Corte Constitucional. Abogados y expertos lo califican de ineficaz, mientras el ejecutivo lo defiende. Pero en ese rifirrafe, la Corte envió un nuevo cuestionario al Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec en la que la primera pregunta apunta directo al foco de las críticas: “¿Cuántas personas que se encontraban en establecimientos penitenciarios han accedido a las medidas de detención preventiva domiciliaria y prisión domiciliaria transitorias previstas en el Decreto legislativo 546 de 2020?”.

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Como Colombia comenzó el año con un hacinamiento carcelario sobre el 50%, desde las primeras medidas tomadas para enfrentar la pandemia, diferentes organizaciones llamaron a tomarse en serio la situación de las prisiones. Fue solo hasta después de un motín en la cárcel Modelo de Bogotá el 21 de marzo que el Gobierno decretó la emergencia carcelaria y anunció la expedición de este decreto, que se firmó el 14 de abril. El estudio del decreto en la Corte le correspondió a la magistrada Diana Fajardo que el 22 de abril envió cuestionarios a la Fiscalía, el Inpec, la Uspec, el Ministerio de Justicia, el de Salud, el de Hacienda, Presidencia y la Judicatura para conocer su opinión.

Esas entidades ya respondieron, pero, según la magistrada, “es indispensable obtener valoraciones técnicas y datos actualizados a la fecha para tomar una decisión” y, por ende, envió nuevas preguntas sobre la situación actual de las solicitudes de libertad y prisión domiciliaria. Además de buscar conocer cuántos reclusos se han beneficiado del decreto, la Corte quiere saber cuántos internos obtuvieron estos beneficios a través de sus abogados o porque fueron incluidos en los listados que la norma le ordenó hacer al Inpec. Asimismo, quiere conocer cuánto ha tardado el procedimiento judicialmente, pues todo lo tiene que revisar un juez de ejecución de penas.

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Por otro lado, la Corte pidió al Inpec que, una vez consulte su sistema interno le “envíe las cifras y estadísticas específicas y actualizadas de las personas privadas de la libertad actualmente que cumplen con los criterios establecidos en el artículo 2 del Decreto legislativo 546 de 2020, así como su situación jurídica”. Y, en la misma línea, el alto tribunal preguntó cuántas de esas personas ya habían accedido a los beneficios de libertad o prisión domiciliaria, en virtud del decreto; cuál es el procedimiento por el que se están haciendo los listados de privados de la libertad que aplicarían al decreto; qué pasa con las personas capturadas después del 15 de abril que quieren acceder a casa por cárcel, entre otros interrogantes.

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El pasado 28 de abril, Presidencia, el Ministerio de Justicia, el de Salud y el Inpec respondieron a las primeras preguntas de Fajardo y el 11 de junio pasado el procurador Fernando Carrillo también se pronunció. El jefe del Ministerio Público pidió declararlo constitucional, pero se sumó a la crítica central de varios abogados penalistas: la norma tiene demasiadas excepciones. Según el decreto, quienes estén en detención preventiva o hayan sido condenados por algunos delitos como los que involucren violencia sexual, extorsión, hurto y muchos más, no pueden acceder al beneficio de casa por cárcel. No obstante, para el procurador, esto va en contravía del Código Penal.