Corte Constitucional pidió investigar a magistrada María Mercedes López por polémico fallo
El alto tribunal dejó sin alcances el fallo del Consejo Superior de la Judicatura en el cual se dejaron sin efecto los fallos emitidos en contra de un empresario antioqueño por el delito de tentativa de homicidio.
Redacción Judicial
La Sala Plena de la Corte Constitucional compulsó copias para que se determine si hay méritos para abrir una investigación penal o isciplinaria a la magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López Mora por el polémico fallo en el que se anuló el fallo emitido en contra de un empresario antioqueño por los delitos de tentativa de homicidio y hurto agravado.
Igualmente compulsó copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen a los conjueces de la Judicatura que tuvieron participación y conocimiento en la acción de tutela presentada por Jorge Andrés Montoya Moreno, quien en 2007 fue condenado a 23 años y nueve meses de prisión por un intento de asesinato contra el prestamista Jhon Fredy Cañas Villa perpetrado a las 3 de la tarde del 6 de enero de 2006, en la oficina de Cañas, en Medellín, al parecer, para robarle un dinero.
El alto tribunal solicitó investigar qué fue lo que ocurrió en el debate y trámite de dicha acción jurídica. En la decisión la Corte Constitucional suspendió los efectos del fallo emitido por López Mora al resolver favorablemente una acción de tutela presentada por el empresario antioqueño argumentando que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso.
En este caso, se anuló el fallo emitido por el juzgado octavo penal del circuito de conocimiento de Medellín y el cual fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad que lo habían condenado a 26 años de prisión por los delitos de hurto agravado y calificado y tentativa de homicidio
Pese a que la Sala Penal confirmó el fallo y la Corte Constitucional negó una tutela presentada por el procesado en la que se argumentaba una violación al debido proceso. Igualmente la misma Judicatura la declaró improcedente, y al poco tiempo la Corte Constitucional se negó a revisarla, por lo que se consideraba que este caso había pasado a cosa juzgada.
La Sala Plena de la Corte Constitucional compulsó copias para que se determine si hay méritos para abrir una investigación penal o isciplinaria a la magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López Mora por el polémico fallo en el que se anuló el fallo emitido en contra de un empresario antioqueño por los delitos de tentativa de homicidio y hurto agravado.
Igualmente compulsó copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen a los conjueces de la Judicatura que tuvieron participación y conocimiento en la acción de tutela presentada por Jorge Andrés Montoya Moreno, quien en 2007 fue condenado a 23 años y nueve meses de prisión por un intento de asesinato contra el prestamista Jhon Fredy Cañas Villa perpetrado a las 3 de la tarde del 6 de enero de 2006, en la oficina de Cañas, en Medellín, al parecer, para robarle un dinero.
El alto tribunal solicitó investigar qué fue lo que ocurrió en el debate y trámite de dicha acción jurídica. En la decisión la Corte Constitucional suspendió los efectos del fallo emitido por López Mora al resolver favorablemente una acción de tutela presentada por el empresario antioqueño argumentando que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso.
En este caso, se anuló el fallo emitido por el juzgado octavo penal del circuito de conocimiento de Medellín y el cual fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad que lo habían condenado a 26 años de prisión por los delitos de hurto agravado y calificado y tentativa de homicidio
Pese a que la Sala Penal confirmó el fallo y la Corte Constitucional negó una tutela presentada por el procesado en la que se argumentaba una violación al debido proceso. Igualmente la misma Judicatura la declaró improcedente, y al poco tiempo la Corte Constitucional se negó a revisarla, por lo que se consideraba que este caso había pasado a cosa juzgada.