La Corte Constitucional tiene puesto el pie en el acelerador para revisar y decidir sobre el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica a finales de diciembre pasado. Este miércoles, después de que le fuera asignado el proceso por reparto, el magistrado Carlos Camargo pidió una serie de pruebas para avanzar en el estudio de la medida gubernamental.
El pasado martes 13 de enero, recién llegados de la vacancia judicial, los magistrados de la Sala Plena del alto tribunal se reunieron de manera extraordinaria para avanzar con el reparto del caso. El proceso en el que se debe hacer la revisión del decreto 1390 de 22 de diciembre de 2025 tiene como ponente al exdefensor del Pueblo, quien ordenó las primeras pruebas.
En un auto, el magistrado Camargo le solicitó a la Presidencia de la República que informara de la situación administrativa de los ministros y ministras del gobierno que firmaron el decreto, para verificar si todos estaban debidamente posesionados para la fecha de expedición del documento. También, que explicara a detalle cuál fue la motivación y justificación del Ejecutivo para declarar el estado de emergencia económica.
Por otra parte, el magistrado Carlos Camargo pidió concepto a expertos en economía, hacienda pública y derecho tributario, dentro de los cuales hay exministros de Hacienda. En palabras simples, lo que pide la Corte es que expliquen su el decreto cumple o no los requisitos esenciales para haber declarado el estado de emergencia económica.
Dentro de la información que tienen que sustentar los expertos ante el alto tribunal están dudas sobre las causas con las que el gobierno argumentó su decisión, así como la situación fiscal de Colombia en los últimos años y los mecanismos ordinarios con los que se cuenta para atender problemas señalados en el decreto.
Como el decreto fue expedido dos días después de que iniciara la vacancia judicial en el país, desde distintos sectores políticos le pidieron a la Corte que, de manera extraordinaria, hiciera la revisión del decreto, pero el alto tribunal señaló que no podría avanzar en el estudio del caso, pues las normas no se lo permitían.
El 23 de diciembre pasado, los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunieron virtualmente y de manera extraordinaria para discutir qué hacer frente al recién expedido decreto del gobierno. En ese momento, consideraron que aunque el decreto debe pasar automáticamente a revisión de la Corte Constitucional, no podían hacer nada hasta que termine la vacancia.
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