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La Corte Constitucional le pegó un duro regaño a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por haber reducido algunos esquemas de seguridad de líderes sociales sin haber hecho un estudio previo del riesgo que corrían estas personas. Sin embargo, al revisar de fondo varios casos, el alto tribunal encontró que la entidad no tiene el presupuesto necesario para garantizar la protección efectiva de líderes y pidió al gobierno nacional inyectarle dinero a la UNP para proteger a estas personas.
Las alertas lanzadas por la corte y la petición hecha al gobierno surgieron de tutelas de líderes sociales que llegaron al alto tribunal en contra de la UNP, la cual, según los líderes sociales, les había vulnerado algunos de sus derechos fundamentales al haberles reducido sus esquemas de protección sin adelantar un análisis profundo de sus niveles de riesgo. Para ellos, que la UNP modificara sus esquemas se debió a una “indebida valoración de las amenazas que han recibido y de los contextos en que ejercen sus funciones de defensa de los derechos humanos”.
Al revisar el grueso del proceso, el alto tribunal determinó que la UNP vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la integridad personal y a la seguridad personal de los líderes sociales. En concreto, el alto tribunal determinó que la UNP omitió realizar una valoración detallada del nivel de riesgo a partir de la matriz de calificación; dispuso la reducción injustificada de los esquemas de seguridad; y no aplicó un enfoque diferencial de género al valorar el riesgo de los líderes sociales.
Sin embargo, al estudiar de fondo la problemática, la Corte Constitucional determinó que la UNP “se enfrenta a graves problemáticas en materia presupuestal, lo que influye directamente en el cumplimiento de sus objetivos misionales y en la oportuna y efectiva asignación de esquemas de protección a quienes los requieren”. Asimismo, encontró que las medidas de seguridad aplicadas a algunas de las personas que deben ser protegidas, quedan sujetas a la disponibilidad de recursos.
Por eso, le reiteró al gobierno de Gustavo Petro lo que viene pidiendo desde 2023, que “inicie los trámites indispensables para disponer de la asignación presupuestal suficiente en favor de la UNP, a efectos de asegurar que la población líder y defensora de derechos humanos goce de la protección requerida”.
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