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El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional y ponente en la demanda que busca tumbar la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, contestó a las críticas que le ha hecho el gobierno por, supuestamente, buscar dilatar la decisión sobre el proceso. En un auto de este 11 de agosto, el magistrado pidió nuevas pruebas dentro del caso y aprovechó para referirse a la actitud del gobierno.
Después de que la Sala Plena de la Corte decidiera regresar la iniciativa al Congreso para que fuera nuevamente debatida por la plenaria de la Cámara de Representantes, pues encontró que el proyecto tuvo errores durante su trámite. El proyecto fue nuevamente aprobado por la cámara baja el pasado 28 de junio y el entonces presidente Jaime Raul Salamanca allegó al alto tribunal informes sobre el debate que volvió a darle el visto bueno a la reforma pensional.
Sin embargo, al revisar los documentos enviados por la Cámara de Representantes, el magistrado Ibáñez consideró que “las actas 256 y 257, correspondientes a las sesiones plenarias de los días 27 y 28 de junio de 2025 respectivamente, aún no han sido aprobadas por la plenaria de la Cámara”. Según se explica en el auto de la Corte, eso quiere decir que “no han sido remitidas a esta Corte junto con la certificación de su aprobación. Tales documentos son esenciales para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 841 de 2025″.
Para que la cámara baja de cumplimiento a la orden, el alto tribunal le dio tres días más para que enviara los documentos aprobados y así poder continuar con el estudio de la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia. Pero, adicional a la nueva orden, el magistrado Ibáñez aprovechó para responder al jefe de Estado las pullas que le ha lanzado sobre ir, supuestamente, en contra de la reforma pensional.
“Aunque el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y algunos ministros no han intervenido directamente en el proceso, en diversas oportunidades han señalado públicamente su inconformidad respecto del decreto de pruebas para dar curso al presente proceso. Incluso, el señor Presidente de la República ha expresado que concurre en el Magistrado sustanciador un interés ajeno a la recta administración de justicia que genera retrasos en el impulso y trámite de este proceso. En el mismo sentido, se ha pronunciado el ministro del Interior”, señaló Ibáñez en el auto.
A renglón seguido, el presidente de la Corte dijo: “aunque ese tipo de señalamientos no corresponden a la verdad y resultan por completo ajenos al deber de colaboración armónica que vincula a las ramas del poder público y ponen en riesgo la independencia judicial que reconoce el artículo 228 de la Constitución Política, en virtud de la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de las autoridades públicas, se entenderá que la intención del señor Presidente y de sus ministros no es otra diferente a expresar su deseo de que se imparta un trámite célere a la acción pública de constitucionalidad del asunto”.
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