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La Corte Constitucional dirimió, este jueves, el conflicto de competencias que había entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz por la administración de los bienes de las Farc en proceso de extinción de dominio. Con una decisión unánime, de 9 votos a 0, el alto tribunal declaró que la Fiscalía es el organismo idóneo para adoptar medidas cautelares sobre los bienes que han sido incautados por posible relación con las Farc, es decir, los que la propia exguerrilla no entregó en su inventario a la ONU.
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Asimismo, en el auto 155 de 2019, la corporación señaló que los bienes a los que se les extinga el derecho al dominio por relación comprobada con las Farc deben destinarse al Fondo para la Reparación de Víctimas, es decir, no se usarán para sufragar gastos del Estado, como ocurre con los bienes que por ejemplo se le quitan al narcotráfico. La Corte también decidió, en consonancia con lo anterior, dejar sin efecto las solicitudes de la JEP para que se impusieran medidas cautelares a los bienes que habrían pertenecido a la guerrilla desmovilizada después de un proceso de paz con el Gobierno, pero que no reportó.
Esta disputa comenzó el año pasado, el 22 de junio, cuando la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP solicitó ante la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la cual pertenece al Tribunal Especial de Paz, medidas cautelares sobre el inventario de bienes y activos de la antigua guerrilla. La petición pretendía proteger los bienes relacionados en el inventario que entregaron las Farc el 15 de agosto de 2017.
Representado por Pastor Alape, el secretariado del Estado Mayor de las Farc le entregó al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU un listado definitivo de bienes y activos compuesto por más de 240.000 hectáreas, 724 cabezas de ganado, 597 caballos, más de $16.000 millones en caletas, “3.753 kilómetros de infraestructura vial”, “inversión social por $4.484.940.000”, armamento y hasta 327.520 gramos de oro. Incluyó, también, los bienes activos en poder de la Fiscalía “que esta institución atribuye a las Farc”.
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El fiscal Néstor Humberto Martínez se opuso a esa pretensión. Replicó que los bienes que la Fiscalía les había quitado al parecer a las Farc, avaluados en unos $2 billones, eran producto del trabajo investigativo de la Fiscalía y que, por ende, debían seguir por el camino de la extinción del dominio. Es decir, un juez debía decretar si efectivamente los bienes eran de la guerrilla y pasar su titularidad al Estado, para que este los administre por medio del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
De ser así, una vez se moneticen las propiedades que la Fiscalía les ha incautado a las Farc, esos recursos se repartirán un 25 % para la Rama Judicial, un 25 % para el propio ente investigativo y el 50 % restante para el Gobierno. No obstante, el 15 de febrero de 2018, Pastor Alape solicitó a la UIA “la adopción de medidas cautelares de protección urgentes” sobre el inventario de las Farc, y la UIA, cuatro meses más tarde, accedió a la petición con base en un argumento: asegurar esos bienes para la reparación de víctimas.
El 27 de julio de 2018, el fiscal de la UIA sustentó su solicitud ante el Tribunal Especial de Paz. Explicó que, de no protegerlos, los bienes incautados por la Fiscalía pasarían a “sufragar gastos de funcionamiento de algunos entes del Estado y no la reparación a las víctimas del conflicto armado”. Por eso, pidió también que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) constituyera una cuenta independiente, para manejar desde allí lo que produjeran los bienes incautados por presuntos vínculos con las Farc.
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El 21 de agosto, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad analizó el tema y le ordenó a la Fiscalía que, en un plazo de 30 días hábiles, entregara un informe detallado en el que se relacionaran y clasificaran los bienes y activos de las Farc, tanto inventariados (los entregados por los exguerrilleros) como los no inventariados (los incautados para proceso de extinción de dominio). A la SAE le pidió también la identificación de los bienes entregados por las Farc.
A la Fiscalía no le gustó ni cinco la respuesta del Tribunal de Paz. El 9 de septiembre, Myriam Ortiz, directora de asuntos jurídicos del ente investigativo, expuso que resultaba “improcedente vincular al trámite incidental de medidas cautelares” a la Fiscalía, pues esta entidad no podía considerarse “sujeto procesal dentro de los trámites de la JEP”. La Fiscalía respondió que conservaba su competencia para perseguir los bienes que no hubieran entregado las Farc y que, palabras más palabras menos, esa labor nada tenía que ver con la JEP.
La Fiscalía acusó entonces a la JEP de desbordar “ampliamente” su competencia y se negó, además, a entregar información sobre los procesos de extinción de dominio, alegando que los implicados en investigaciones penales “podrán tener acceso a información reservada”. Por último, el organismo investigativo señaló que en el inventario entregado por las Farc a la ONU, la antigua guerrilla “no individualizó los bienes entregados”. Por ende, no había manera de identificarlos.
Un mes más tarde, el 18 de octubre, el Tribunal Especial de Paz insistió y la pelea empezó a agrandarse. Manifestó que los argumentos de la Fiscalía para negarse a proveer la información requerida eran “inaceptables”, que “los derechos de las víctimas son objeto y fundamento de las actuaciones de la JEP” y que esta jurisdicción especial podía vincular en sus trámites a otras entidades públicas sin que ello representara una amenaza a sus competencias sino, al contrario, una oportunidad para aportar a la consecución de la paz.
El Tribunal le recordó a la Fiscalía que sus decisiones judiciales, como las de cualquier otro juez, son “vinculantes y de obligatorio cumplimiento”. Ahí fue cuando el tema llegó a la Corte Constitucional. El 24 de octubre, el ente investigativo le dijo a la JEP que reafirmaba su contestación y, al tiempo, formuló ante el tribunal constitucional un conflicto positivo de competencias en relación con el trámite de los bienes y activos de las Farc no incluidos en su inventario final.
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El 14 de noviembre, el Tribunal de Paz envió a la Corte su posición al respecto. Le pidió que se inhibiera de dirimir el conflicto de competencias planteado por la Fiscalía, “por tratarse de un conflicto inexistente o hipotético”. O que, si consideraba que debía tomar una decisión, esta fuera declarar que la Sección de Primera Instancia de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal tenía la competencia para resolver la solicitud de medidas cautelares sobre los bienes de las Farc que había hecho la UIA.
Lo último que se hizo alrededor de este caso fue el 17 de enero de este año. En esa fecha, la misma Sección del Tribunal de Paz envió a la Corte una comunicación en la que le dijo que la Fiscalía, al entregar el informe número 1º titulado “Fuentes de y Mecanismos de Financiación de las Farc-EP”, había revelado también “información relevante sobre los bienes y activos de esa organización que no fue entregada a la Sección en el trámite de la solicitud de medidas cautelares formulado por la UIA”.
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“Resulta por lo menos paradójico e incongruente que (…) la Fiscalía General de la Nación se haya negado reiteradamente a entregar la información solicitada sobre el inventario de bienes y activos de las Farc-EP, por considerarla de su exclusiva competencia y de carácter reservado (…) pero ahora en el reciente informe decida sorpresivamente suministrar información sobre bienes y activos de las Farc-EP”, expuso el Tribunal de Paz ante la Corte Constitucional. El organismo expresó que, hasta en el comunicado de prensa sobre el informe, la Fiscalía había dado datos que a la Sección le había negado.