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La Corte Constitucional revisará una acción de tutela presentada por más de 90 familias raizales de Providencia y organizaciones defensoras de derechos humanos, con la que buscan que se les protejan los derechos fundamentales afectados por la destrucción de la isla con el paso del huracán Iota. Los accionantes dicen que el gobierno les ha incumplido en su promesa de reconstruir la isla en 100 días.
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Según el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), una de las organizaciones firmantes en la acción de tutela, “la premisa de este trabajo conjunto entre la comunidad y las organizaciones que aquí firmamos es solicitar la protección integral de los derechos fundamentales de la comunidad raizal”.
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Así mismo, la organización expresó que, “enfatizamos en la urgencia de atender las repercusiones del desplazamiento climático y las consecuentes vulneraciones a derechos fundamentales como la vida digna, la salud, la vivienda, la propiedad ancestral y la consulta previa, entre otros”. Igualmente, otros asuntos sobre los que alertaron a la Corte eran que se, según los solicitantes, se “estaban violando los derechos territoriales porque se estaba provocando un desplazamiento forzado sin salvaguardas para garantizar la permanencia de las comunidades en la isla”.
Por otra parte, los tutelantes sostuvieron que se estaban vulnerando los derechos de acceso a la información pública, ya que ”los datos entregados por el Gobierno Nacional sobre el plan de reconstrucción no eran claros ni accesibles, ni el Plan Activo de Contingencia de la UNGRD fue consultado por la comunidad, aun cuando su futuro ancestral dependiera de ello”.
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Lo que esperan los accionantes con esta revisión es que la Corte se pronuncie sobre cuál es el deber del Estado frente a estas afectaciones. Adicionalmente, dicen los peticionarios, el alto tribunal “tendrá la oportunidad de sentar precedente sobre el reconocimiento legal de la existencia del desplazamiento o emplazamiento forzado relacionado con eventos climáticos”. Según ellos, “esto permitiría abrir la posibilidad de establecer una hoja de ruta nacional que incluya las fases de asistencia humanitaria, recuperación y desarrollo de los territorios”.
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Los incumplimientos del gobierno a los que hacen referencia los firmantes de la acción de tutela son los que anunció el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, en noviembre del año pasado con la Operación Cangrejo Negro. En ese momento, Correa dijo que sería un plan de restauración para la isla en los próximos 100 días, que se realiza en conjunto con las entidades del Sistema Nacional Ambiental (Sina).