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Ya son 11 decretos los que la Corte Constitucional le tumba al presidente Gustavo Petro, en lo relacionado con la emergencia económica, social y ecológica que fue declarada en La Guajira. En esta ocasión, el alto tribunal echó abajo el decreto 1269 de 2023, que establecía medidas para que el Programa de Alimentación Escolar PAE pudiera recibir recursos asignados desde el Presupuesto General de la Nación, con el fin de ampliar su cobertura.
El decreto 1269 del 31 de julio adoptaba medidas en el sector de la educación en La Guajira, específicamente para las entidades Territoriales Certificadas en Educación encargadas de la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este buscaba ampliar la cobertura del programa, garantizando el acceso al programa incluso en temporada de vacaciones, permitiéndoles a las entidades incluir recursos del Presupuesto General de la Nación hasta el 31 de diciembre de 2023.
(En contexto: Corte Constitucional le tumba a Petro otros dos decretos de emergencia en La Guajira)
Aunque la Corte reconoció la problemática que genera la insuficiencia del agua dentro de la alimentación, tanto para el consumo directo, como para el cultivo de alimentos, la limpieza de estos y su posterior preparación y que el decreto 1269 cumple con los requisitos constitucionales para este tipo de normas, explicó que este debía ser echado abajo como consecuencia de la decisión adoptada sobre el Decreto 1085 de 2023, con el que se declaró la emergencia en La Guajira.
Sin embargo, reconociendo la importancia del agua para combatir la desnutrición, uno de los objetivos que tiene el PAE dio un efecto diferido a la decisión, es decir, funcionará únicamente durante un año contado a partir del 2 de octubre, posterior a esto será tumbado.
(En contexto: Crear una universidad para los wayuus, la idea que le tumbó la Corte a Petro)
La Corte Constitucional inició tumbando el decreto madre (1085 de 2023) con el que se estableció la emergencia ambiental en La Guajira. Posteriormente, el alto tribunal se pronunció sobre un paquete de cuatro decretos más, estos hablaban sobre recuperar las Salinas Marítimas de Manaure, la modificación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, la protección de la riqueza cultural del pueblo Wayuu y la creación de una institución de educación superior indígena Wayuu, así como el decreto que buscaba adelantar la reforma a la salud en el departamento. Luego, a mediados de noviembre tumbó cuatro decretos más que hablaban sobre la transición energética en el departamento, las medidas para garantizar el acceso al agua, de agricultura y sobre los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y las medidas para la implementación de estos recursos.
Con esta última decisión ya solo quedan tres decretos en pie, el 1272 que habla sobre las condiciones para atender a la primera infancia y a las madres gestantes en estado de desnutrición, el 1276 que establece medidas para reactivar el Turismo en el departamento y el 1277 sobre desarrollo sostenible. Sin embargo, el alto tribunal ya anunció, cuando echó abajo el decreto 1085 de 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”, que los demás decretos expedidos en el marco del Estado de Emergencia tendrán, uno a uno, un efecto retroactivo.
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