La Corte Constitucional tumbó un decreto más de los pertenecientes al conjunto creado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para la emergencia económica, social y ecológica que fue declarada en La Guajira. En este caso se trata del Decreto 1277 de 2023 que establecía medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible en la región.
Este decreto pretendía regular las condiciones para el uso, manejo y conservación del agua, además de establecer criterios y medidas para priorizar ciertos usos de dicho recurso. El ministerio de ambiente y desarrollo sostenible estaría a cargo del licenciamiento de proyecto y obras de transición energética, así como también del Análisis Situacional y la Evaluación Ambiental Estratégica del departamento. El decreto le daba las a fuentes hídricas una protección especial.
(En contexto: Queda sin piso decreto que daba subsidios para atender desnutrición en La Guajira)
Sobre este último punto, de la protección especial a fuentes hídricas, la Corte decidió darle efectos diferidos a un año, así como a tres artículos más que hablaban de algunas medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible, así como su publicidad y vigencia. El resto del decreto se quedó sin piso jurídico de forma inmediata.
Los once decretos anteriores que la Corte tumbó fueron, inicialmente, el decreto madre con el que se estableció la emergencia ambiental en La Guajira. Posteriormente, el alto tribunal se pronunció sobre un paquete de cuatro decretos más, estos hablaban sobre recuperar las Salinas Marítimas de Manaure, la modificación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, la protección de la riqueza cultural del pueblo Wayuu y la creación de una institución de educación superior indígena Wayuu, así como el decreto que buscaba adelantar la reforma a la salud en el departamento.
(En contexto: Corte Constitucional tumba el decreto de Petro de estado de emergencia en La Guajira)
El 9 de noviembre se sumaron los decretos que hablaban sobre la transición energética en el departamento y las medidas para garantizar el acceso al agua y finalmente dos más que hablaban de agricultura, desarrollo rural y sobre los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y el uso de estos recursos. En el mes de diciembre se pronunció sobre otro más que establecía medidas especiales para la atención de niños y niñas en primera infancia y de madres gestantes que se encontraran en estado de desnutrición o riesgo de estarlo.
La caída de los decretos podía esperarse debido a que el 2 de octubre, cuando la Sala Plena, echó abajo el decreto 1085 del 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”, la Corte señaló que los demás decretos expedidos en el marco del Estado de Emergencia tendrían, uno a uno, un efecto retroactivo. La Sala tomó esta decisión porque consideró que el decreto no era acorde a la constitución y en el lapso de dos meses y medio, uno a uno han ido tumbando los decretos que componían dicho Estado de Emergencia. En este momento solo queda uno en pie.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
